El surgimiento y la expansión del populismo como respuesta al orden oligárquico de principios del siglo XX.

El populismo en América latina durante la primera mitad del siglo XX.

La irrupción del populismo en diferentes regiones y lugares, en épocas similares o diacrónicas muestran la característica, en cierto modo, adaptativa y ecléctica, de responder a determinadas condiciones comunes de atraso y desigualdad social y económica que traspasan las barreras del tiempo y el espacio. Por ello, el populismo tenía bastantes motivos para resurgir –con variantes, obviamente- en los países del llamado "Tercer Mundo". Y América Latina dio el primer paso. No vamos a describir aquí las características particulares de los populismos en cada uno de los países latinoamericanos. Para ello, remitimos al cuadro comparativo que presentamos en el inciso 3. Trataremos de sintetizar las principales características del populismo histórico latinoamericano, siguiendo a G. Germani, T. Di Tella y O. Ianni (1984 y 1973), principales analistas y teóricos del populismo histórico latinoamericano desde la óptica de lucha de clases, que a nuestro juicio, es bastante fundada, pese a algunas interpretaciones controversiales producto de su óptica marxista (como por ej. Creer que el populismo es una etapa "previa" y "superada" de la lucha revolucionaria)

Origen

a-Según estos autores, el populismo de la primera mitad del siglo XX en nuestros países es una "etapa", determinada por "la conformación definitiva de la sociedad de clases", dentro de un contexto de industrialización y acelerada urbanización. Este período superó la época del "Estado Oligárquico", Oligárquico dominada por relaciones estamentales o de casta creadas por el colonialismo mercantilista ligado al régimen esclavista.

b-El origen del populismo está ligado a la crisis del Estado Oligárquico. El populismo sucede a una serie de movimientos antioligárquicos de clase media (irigoyismo, tenientismo, por ej.), que estaban revestidos de un espíritu liberal y que buscaban el establecimiento de un estado de tipo Liberal (económica y políticamente hablando), difundiendo una serie de ideas sobre el progreso económico, la reforma institucional, la democratización, la libertad, etcétera. Sin embargo es la nueva estructura de clases, creada por la creciente urbanización, la inmigración campo-ciudad, el desarrollo industrial, el crecimiento del sector de servicios, la que pone en jaque al sistema oligárguico. En esta crisis juegan un papel importante además, tres acontecimientos externos (I Guerra Mundial, Depresión Económica de los 30, y II Guerra Mundial) que funcionaron como rupturas estructurales en las naciones de economía dependiente, como eran las nuestras.

c-Las mencionadas crisis mundiales provocaron convulsiones políticas internas en los países dependientes del capitalismo, como lo eran los latinoamericanos, o propiciaron eclosión de fuerzas políticas, sociales y económicas que se encontraban controladas durante la vigencia de los gobiernos oligárquicos. De esta forma, el populismo histórico latinoamericano correspondió a una fase de las transformaciones del Estado capitalista, en que la burguesía agroexportadora y la burguesía minera y comercial pierden el monopolio del poder político en provecho de las clases sociales urbanas (burguesía industrial, clase media, proletariado industrial, militares, intelectuales).

Configuración del populismo

*El populismo en América Latina fue una alianza entre clases sociales antagónicas, en proceso de formación (burguesía, por un lado, y proletariado, campesinos y clases medias, por el otro), guiadas por el propósito de confrontar y derribar el Estado Oligárquico, heredero del colonialismo, que desde el siglo XIX predominaba en todos los países del subcontinente. A nivel externo se luchó contra un enemigo llamado imperialismo norteamericano.

*El período del ascenso y auge del populismo es llamada por Octavio Lanni, "época de la política de masas", en la cual la burguesía industrial asume el liderazgo ostentoso de las luchas reivindicativas y reformistas de la clase obrera y otros grupos populares. En estos años fueron creadas nuevas organizaciones técnicas y estilos de liderazgo político, surgiendo una ideología peculiar, llamada el "principio de paz social" o "armonía entre las clases", el cual adquirió primacía sobre las ideas y prácticas políticas inspiradas en los antagonismos de clase. La unión táctica de grupos de intelectuales, clases populares, y sectores de la burguesía y de las fuerzas armadas se consolidó con el fin de acelerar las rupturas estructurales que habían debilitado a la oligarquía y al imperialismo. Obviamente, se jugaban intereses diversos, pero todos coincidían en que el desarrollismo nacionalista era una estrategia posible, primordial y urgente.

*Dentro de esta "pacto" es necesario diferenciar dos tipos de populismo: Uno, el de las altas esferas (gobernantes, políticos, burgueses, profesionales, políticos, demagogos), que utilizan tácticamente a las masas trabajadoras y a los sectores más pobres de la clase media. Dos, el populismo de las masas (trabajadores, migrantes rurales, baja clase media, estudiantes radicales, intelectuales de izquierda). En situaciones normales, perecía existir una armonía total entre estos dos populismos. Sin embargo, en los momentos críticos, cuando las contradicciones políticas y económicas se agudizaban, el populismo de las masas tendía a asumir formas revolucionarias. En estas situaciones ocurre la metamorfosis de los movimientos de masas en lucha de clases. Por su parte, el populismo de las altas esferas abandonó a su suerte a las masas, sin antes impedir que den el paso decisivo en las luchas políticas.

* La burguesía industrial emergente, entonces, acabó por mantener su preponderancia sobre las otras fuerzas políticas combinadas en el pacto populista, asumiendo el liderazgo directo de las luchas reivindicativas y reformistas de las clases obreras y de amplios sectores de la clase media. A fin y cuentas, esa burguesía, aliada con militares, intelectuales, clase media, era la clase victoriosa en la lucha contra la oligarquía. La burgeuesía controló a las demás clases sociales integradas en el Pacto Cualquier intento de giro hacia la izquierda era rápidamente evitado con cierta dosis de autoritarismo o violencia reaccionaria. Cuando la politización de las masas amenazó con descontrolar el movimiento, el golpe de Estado resolvía el problema.

* Y es que en la nueva configuración del sistema de clases propiciada por los procesos de urbanización e industrialización, entre otros, no existían las condiciones sociales necesarias para el fortalecimiento de posiciones radicales (como eran las socialistas). Muchas de las propuestas expresadas por estos grupos, estaban tomadas directamente de Europa sin ninguna reelaboración contextual, y por lo tanto, no tenían mayor apoyo popular. Además, según el autor, las condiciones en las cuales se encontraba la clase obrera en las crecientes ciudades, la conciencia de movilidad social superaba a la conciencia de clase. Los trabajadores recién llegados a las ciudades estaban en un proceso de resocialización. Si bien una parte de ellos fue sindicalizada y politizada, la mayoría permanece fuera de los cuadros políticos institucionales. En general, esa mayoría no tenía mayor conciencia política; su participación se limitaba a las elecciones, a los movimientos de masas, facilitando los liderazgos carismáticos y su manipulación por demagogos.

*Para la gran mayoría de los adeptos al populismo, lo que estaba en juego era el ascenso económico y social. En un plano secundario se colocaba la democratización de las organizaciones y las relaciones sociales. En la mayoría de los casos el objetivo era lograr una estrategia política de desarrollo económico nacional que exigía un cambio en el manejo de las estructuras de poder, el manejo de las relaciones entre el Estado y la sociedad.

*El populismo latinoamericano aparece como un fenómeno urbano; su base social y económica está en las ciudades más desarrolladas y en las que los sectores secundario y terciario tienen mayor dinamismo.

*En algunos países con fuerte presencia indígena y con tradición comunitaria en las bases (Perú, México) el populismo sufrió una variante respecto al modelo urbano y capitalista al revestirse de en elemento tradicionalista y anticapitalista, idealizando la aldea comunal indígena y sus valores.

El populismo en el poder

*Por lo que respecta a sus fines económicos más generales, los movimientos y gobiernos populistas fueron abiertamente favorables a la industrialización y a la hegemonía de la industria sobre la agricultura y la minería. A la industrialización se la tomaba como equivalente del desarrollo económico en general, e indicador de bienestar social para el proletariado, mientras que los sectores agropecuario y minero eran considerados causas fundamentales de atraso económico y social. ¿Por que?. Los populismos consideraban que la exportación de materias primas y dependencia económica eran sinónimos para un país que no poseía industria. En este sentido aparecía ligado el nacionalismo, respondiendo a un propósito económico. En la medida en que desarrollaba una reorientación del subsistema económico nacional y cierta ruptura con el imperialismo, el populismo tenía algún compromiso con la idea de un capitalismo nacional y de una burguesía nacional. Para ello era indispensable un Estado fuerte que controlara las relaciones económicas capitalistas, que garantizara la nacionalización de la economía.

* El populismo, en los países donde llegó al poder, adquirió formas autoritarias y algunas de ellas, dictatoriales. El peronismo, cardelismo, getulismo, velasquismo, marinismo, etc. Tenían en común un marcado acento autoritario- paternalista. Estaba en juego una estrategia política de desarrollismo nacional, junto a un remodelamiento de estructuras de poder. Por lo tanto, las masas debían permanecer bajo el control estratégico de la burguesía, el cual sería el encargado de idear y conducir el proceso. El gobierno populista aceptó apenas la coraza política que las masas le podían propiciar (votos, comicios, huelgas, etc.), pero bajo ningún concepto aceptó la defensa armada por parte de trabajadores y estudiantes. Cualquier defensa armada sostenida en las masas colocaba al poder burgués automáticamente, en el camino de su liquidación.

* El populismo en el poder hizo una combinación sui generis de sistemas de movilización y control de las masas asalariadas urbanas con el aparato estatal. En una democracia representativa, tiende a haber una separación clara entre el Estado, el partido del gobierno y las bases populares. En el populismo ocurre una combinación singular entre el Estado, el partido gubernamental y el sistema sindical. Por esta combinación, algunos ven semejanzas con el Estado Socialista y el Estado Fascista. Sin embargo existen diferencias fundamentales: en el estado Fascista, la combinación se realiza de acuerdo con las exigencias de la dictadura de la burguesía y del capitalismo monoplista; en el Estado Socialista, esta vinculación se realiza según las exigencias de la dictadura del proletariado y de la socialización de los medios de producción. En el Populismo, el sistema de poder Estado - Partido - Sindicato se apoya en la alianza de clases, bajo la égida directa o mediatizada de la burguesía. El Estado populista es propuesto e impuesto a la sociedad como si fuera el mejor y único intérprete del "pueblo" (proletariado, campesinos, estudiantes, clase media), sin la mediación de los partidos. El pueblo ve al Estado a su guardián, intérprete, portavoz y realizador.

*Una característica importante es la relación establecida con los asuntos económicos internos y externos. Dado el contexto de crisis del capitalismo internacional y de caída de la economía primaria exportadora en el que los populismos nacieron, los gobiernos populistas actuaron con medidas financieras correctivas y alternativas, destacándose el impulso a la industrialización sustitutiva de importaciones, y el intervencionismo económico. Bajo el gobierno populista el aparato estatal adquirió nuevas dimensiones como fuerza productiva, como agente económico. El Estado populista afectó sin duda la organización política de las formas de producción en una época en que crecieron las fuerzas productivas y el mercado interno.

*El populismo, latinoamericano puede considerarse como arrevolucionario, en tiempos normales. Es escencialmente reformista, apoyando la doctrina de la "paz social" entre las clases sociales. En tiempos de crisis, sin embargo, el populismo revela su contenido antirrevolucionario. En épocas de crisis, las organizaciones, técnicas, liderazgos e ideologías populistas se revelan incapaces de transformarse en el sentido de la revolución. En la mayor parte de los casos, los cuadros burgueses y de la clase media se alían con los otros grupos de las clases dominantes, abandonando a su suerte a las masas. Las contradicciones estructurales internas y externas se agudizaron, llevando al colapso al populismo como modelo político de desarrollo y emancipación. De esta forma, La paradoja del populismo latinoamericano está en que estaba fundado en un pacto de clases sociales. Por lo tanto, cuando se rompió esta alianza, la ruptura se debió principalmente a las contradicciones desarrolladas entre las clases que componen el propio populismo. Generalmente hubo un resentimiento entre los miembros de la alianza y una mayor precisión en los perfiles de cada clase social.

La Política Oligárquica dirigente y sus mecanismos de dominación en los ámbitos político, económico y cultural.

EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL "ESTADO OLIGÁRQUICO" EN IBEROAMÉRICA        

    GABRIELA OSSENBACH SAUTER

        

     Configuración histórica del Estado oligárquico y su conceptualización 

                                        

A partir de 1850 aproximadamente empieza a percibirse en Hispanoamérica una paulatina reabsorción de las contradicciones desencadenadas a partir de la Independencia. Es, "la fase inicial de la hegemonía oligárquica, es decir, de una clase cuyos orígenes son coloniales, que basa su poder en el control de los factores productivos y que utiliza directamente el poder político para aumentar su dominación sobre las restantes capas sociales". Ya hacia 1880 estos grupos dominantes han consolidado su posición apoyados por los beneficios del comercio exterior y por la fuerza que han adquirido las inversiones extranjeras, inglesas sobre todo.                                                                                                               Después de la Independencia en la mayoría de los países iberoamericanos el nuevo poder político nació casi exclusivamente del poder militar. La primera mitad del siglo XIX fue un período de gran inestabilidad y de desintegración social, geográfica y política. La lucha por la estabilidad fue por todas partes una lucha entre intereses locales, muchos de ellos viejos intereses coloniales que lograron imponerse a través del mismo movimiento de Independencia. Para la consolidación de los Estados nacionales la mayoría de los países latinoamericanos debió esperar a que en su seno se desarrollaran y fortalecieran grupos de intereses lo suficientemente amplios, complejos y emprendedores como para que se convirtieran en factores de unificación nacional e impusieran esos intereses a los demás grupos sociales; en otros términos, era indispensable que en cada ámbito nacional el desarrollo económico procurara las condiciones para la formación de los sistemas nacionales de clases, por lo menos lo bastante como para dar sustento real a un verdadero sistema político nacional. Este proceso se llevó a cabo mediante luchas que fueron delineando los mercados nacionales, así como los límites territoriales donde se afirmó la legitimidad del nuevo orden político. En este sentido, la organización de una administración y de un ejército nacional, no local o caudillesco, fue decisiva para estructurar el aparato estatal y permitir la transformación de un poder de facto en una dominación de jure. El fundamento económico de tal proceso, ya que el componente idealista y nacionalista de la Independencia, insuficiente para la estabilidad, y constituido por las oportunidades del mercado internacional, que dio pie a alianzas de intereses en torno a la producción y circulación de mercancías para la exportación. Estas oportunidades, no coincidieron en todos los países, debido a que el interés por los diversos recursos naturales americanos no fue simultáneo en los países importadores europeos. América Latina permaneció anclada en la exportación de sus productos agrarios y mineros y en la importación de productos industriales europeos, con balanza comercial favorable, pero con unas constantes necesidades de capital para mejorar la explotación, transporte y comercialización  de sus productos (bancos, ferrocarriles, puertos, innovaciones técnicas, etc.). Todas estas innovaciones no se introdujeron por medio de una autofinanciación de los grupos económicos nacionales, sino prioritariamente por la inversión directa de capitales extranjeros o mediante empréstitos contratados por el Estado.                                                                                                                                                                Los capitales nacionales se dirigieron más a la adquisición de tierra y propiedades urbanas, mientras que la importación de objetos de consumo europeos no favoreció la creación de industrias autóctonas. Por el contrario, las élites nacionales adoptaron hábitos de consumo y formas de vida urbana europeas, que pudieron ser financiadas por la bonanza de las exportaciones. La coyuntura económica es favorable para los grupos hegemónicos vinculados a la exportación durante el último cuarto del pasado siglo.                                                                                                                                      Hacia mediados del siglo XIX el Estado nacional fue considerado por los sectores dominantes como la única institución capaz de movilizar recursos y crear condiciones para superar el desorden y el retraso imperantes. Esta prioridad atribuida a la creación del Estado obligaba, por una parte, a la mencionada constitución de ejércitos nacionales frente a la influencia de los caudillos locales, así como a la consolidación de los límites territoriales y, por otra parte, a la exclusión de las masas populares de las decisiones políticas. El instrumento jurídico encargado de dar una configuración a esta organización que se perseguía fue la Constitución. La lucha de intereses y la indefinición en la formación de los grupos hegemónicos produjo una verdadera avalancha de Constituciones que debían conseguir el ansiado equilibrio. Además, se llevó a cabo un gran esfuerzo de codificación en todos los países latinoamericanos, que se tradujo en nuevos códigos civiles, penales, comerciales, mineros, etcétera, que representan una innovación substancial, ya que tras la independencia había continuado estando en vigor el sistema jurídico de las potencia colonizadoras.                                                                             

  El modelo de Estado que se organiza en América Latina, por los fenómenos que hemos señalado y a diferencia del Estado liberal-nacional europeo, se define como "Estado oligárquico", es decir, como una forma de organización en la cual la sociedad política en este período no transcurrió por los cauces auténticos de la democracia y se caracterizó más bien por una muy limitada representatividad política y una reducida base social de apoyo. El Estado oligárquico fue posible gracias a la interdependencia entre los propietarios de la tierra y la acción de la burguesía urbana, que mantenía contactos con el mundo exterior y buscó las posibilidades para la expansión del comercio internacional. El grupo urbano se fue consolidando y fue creando, mediante la integración con los grupos rurales, las condiciones para la estructuración de un efectivo sistema de poder. Las fuentes de este poder económico de la oligarquía, se basaron en la producción y exportación de productos primarios. Se trataba de fuentes rurales de poder, pero, el campesinado fue el elemento social que se mantuvo al margen de la idea nacional y  la ciudad la que se erigió en centro y base del Estado nacional. Este tipo de Estado pudo fortalecerse porque consiguió un poder de arbitraje frente a las distintas facciones de la oligarquía, mediante un régimen marcadamente presidencialista. La competencia política tenía más bien la característica de reflejar la lucha fraccional de los diversos grupos oligárquicos. Al acuerdo entre estos grupos contribuiría la neutralización de los conflictos que habían surgido entre la Iglesia y el Estado en las primeras décadas del período independiente. No obstante, este Estado se erigía sobre hondos desajustes en la estructura interna de los países latinoamericanos, por el escaso desarrollo de los mercados nacionales y por la pervivencia y extensión del latifundio como base de la producción. La ausencia de un proceso de formación de mercados nacionales contribuyó a que el latifundio ocupara el centro de la vida económica, y facilitó, por consiguiente, la concentración de los beneficios originados por la expansión productiva en las manos de las clases propietarias de las grandes unidades productivas. El Estado oligárquico era más fácilmente compatible con el modelo económico dependiente que un modelo de mercados nacionales y desarrollo interno, que hubiese exigido una democratización más profunda.                                                                                                        Después del largo período de inestabilidad que siguió a la Independencia, a finales del siglo el Estado oligárquico, que así se consolidaba centró su atención y sus recursos en el objetivo de "orden", siendo el objetivo del "progreso" su natural corolario. Por ello, y a pesar de la reducida base social de participación y apoyo político, los grupos oligárquicos emprendieron medidas sociales modernizadoras, entre las que se cuenta el desarrollo y fomento de los sistemas de instrucción pública nacionales.

El estado argentino a partir de la construcción del concepto de Nacionalidad y sus instituciones.

Cuestión nacional y nacionalismo 

Hacia fines del siglo XIX los intelectuales comenzaron a ocupar un lugar protagónico en la creación de identidades colectivas.

Para esta parte del mundo, entre el repertorio identitario se encuentran por un lado las intenciones latinoamericanizantes encarnadas por la vertiente que Oscar Terán denominó “el primer antiimperialismo latinoamericano”,  y por otro  -y de manera preponderante-  las intervenciones de corte nacionalizante. La bibliografía sobre el tema coincide en señalar que en esta época comenzó a definirse nítidamente la figura del “intelectual público”, el cual actuaba como formador de opinión y organizador de saberes y discursos de corte identitario.

Dado que la formación de la nación argentina fue una de las preocupaciones centrales de los intelectuales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la cuestión de la identidad  nacional, el nacionalismo y sus manifestaciones son tópicos abordados por una variedad de estudios históricos.                                                                                                                                               Lejos de las obras del primer revisionismo, de las ligadas a la militancia de los cincuentas y los sesentas y de las diversas vertientes del nacionalismo que éstas encarnaron, varios trabajos publicados desde fines de la década de 1960 centraron su interés en el nacionalismo y los nacionalistas de las décadas de 1920 y 1930. Este es el caso de los aportes escritos por Marysa Navarro Gerassi y Enrique Zuleta Álvarez.                                                                                                           Mientras que el último se vio especialmente interesado en pensar el nacionalismo como una empresa política, una corriente doctrinaria e ideológica, Navarro explicitó su interés en estudiar lo que denomina “nacionalismo de derecha”, entendido como un conglomerado heterogéneo de ideas que se habría dibujado a partir de 1920. 

Posteriormente, Eduardo Cárdenas y Carlos Payá  estudiaron el período de formación inicial del nacionalismo -hacia 1910- y las figuras de Ricardo Rojas y Manuel Gálvez. Los autores postulan que el Centenario fue percibido como un momento de crisis de valores, entendida en términos de decadencia. En ese marco, los intelectuales mostraron su inconformismo con la realidad de su tiempo por medio de tópicos comunes -críticas al progreso material, la inmigración masiva, la corrupción política y la democracia- y presentaron propuestas para frenar la decadencia y la disgregación nacional. Frente a este diagnóstico, la apelación a lo hispánico y la puesta en valor de lo autóctono  -el elemento criollo, el interior, el gaucho-  aparecieron como elementos pasibles de ser procesados en relatos oficiales sobre la nación desde los cuales cimentar una identidad cohesionada y aglutinante.

A estos estudios se sumó el realizado por Fernando Devoto y María Inés Barbero, quienes trazan un panorama de largo plazo y reconocen diferentes corrientes de nacionalismo de elite: el nacionalismo clásico o republicano, el nacionalismo tradicionalista y el  nacionalismo filofascista. Estas manifestaciones se habrían gestado en torno a la década de 1920 y 1930, y habrían encontrado a sus precursores en un nacionalismo previo y de corte más cultural encarnado por Rojas, Gálvez y Lugones .

Cuando el interés se trasladó del nacionalismo y los nacionalistas hacia la “cuestión nacional” y la formación de identidades, los focos de atención historiográfica pasaron a retrotraerse a las décadas anteriores al Centenario. Los trabajos de Lilia Ana Bertoni  centran su atención hacia fines del siglo XIX y destacan la  simultaneidad de los procesos de consolidación estatal y de construcción de la nacionalidad, acompasados por circunstancias internacionales e internas como la presencia de la inmigración masiva y las tendencias nacionalistas e imperialistas en Europa.

 En consecuencia, Bertoni sostiene que el desafío que atravesaron los grupos en el poder se dirigió hacia diferentes frentes: “construir la nación supuso prioritariamente lograr, a través de un dificultoso proceso, los acuerdos políticos mínimos, la imposición  del orden, el armado institucional, jurídico y administrativo; también, dotarla de un punto de partida legítimo y de una historia”.

 Las preocupaciones nacionales -y hasta nacionalistas- que cobraron auge en las últimas décadas del siglo XIX se plasmaron en el sistema educativo, las festividades cívicas, las apelaciones al pasado, la construcción de la “memoria oficial de la nación” y la elaboración de una “legitimación de la identidad basada en la apelación al pasado patrio”. Encuadrado en el mismo período, el trabajo de Lucía Lionetti analiza los modos de aplicación de proyectos de corte modernizador en el ámbito educativo con el objetivo de crear “pequeños patriotas” y ciudadanos republicanos por medio de una serie de políticas destinadas a generar sentimientos de pertenencia a la nación pero también a modelar conductas públicas y privadas.

Otros son los acentos que se subrayan en los centrales trabajos de Fernando Devoto, quien denomina al pasaje del siglo XIX al XX como el momento de “el nacionalismo antes del nacionalismo”. En este sentido, da cuenta del relato fundador de Bartolomé Mitre y su originalidad para presentar una Argentina predestinada desde sus orígenes a la grandeza nacional. Devoto describe el “momento Mitre” como el de un nacionalismo  cultural, liberal y democrático.

  Posteriormente, la situación configurada en 1880 impuso la necesidad de pensar las formas en las cuales generar un identidad homogeneizante, en la que “la inmigración y la nación, la identidad, la nacionalidad” pasaron a formar parte de un horizonte de preocupaciones de las elites intelectuales y políticas. Este clima habría tenido en el Centenario su momento cumbre.

Además de los estudios específicos sobre la cuestión nacional, diversas evaluaciones se interrogan sobre el peso real que las ideas de sesgo positivista tuvieron en la formación de discursos nacionales en la Argentina. Mientras que en algunos estudios se afirma su total centralidad en los discursos formadores de identidades, en otros se sostiene que se situaron en un plano de igualdad frente a otras tendencias. En este sentido, algunos trabajos consideran que el ensayo positivista fue el impulsor decisivo de la identidad nacional, mientras que, matizando esta tesis, otras contribuciones afirman que la formación  de la nación tuvo su principal cantera en voces provenientes del campo académico y profesionalizado de los historiadores.    
                                                                                                                                         

ESTADO Y EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA A PARTIR DE SU INDEPENDENCIA                          (SIGLOS XIX Y XX).                   
         GABRIELA OSSENBACH SAUTER .                                                                                                                     El modelo de Estado que surge en Iberoamérica tras el acceso a la independencia, asume pronto las competencias educativas, en detrimento de la Iglesia. Desde esta plataforma, la sociedad se seculariza, se afirma el concepto de nación y aparece una clase media que encuentra en la educación un factor de ascenso social. Al mismo tiempo, aunque indirectamente, también contribuye al progreso económico, a medida que se inician los procesos de industrialización y diversificación productiva. Sin embargo, según la autora, en el momento presente la educación pública sufre un progresivo deterioro como consecuencia de la crisis económica. Esta circunstancia genera problemas de integración política y social, retroceso de las clases medias y falta de cualificación de la fuerza de trabajo, que lastra las posibilidades de desarrollo económico.

 EL TRANSPLANTE DEL CONCEPTO EUROPEO DE "ESTADO LIBERAL" A IBEROAMÉRICA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX                                                                                                                                                                  A finales del siglo XVIII se produjo en Europa una ruptura del llamado "Antiguo Régimen", la cual otorgó a la sociedad su emancipación respecto del estado absolutista y fijó límites a la acción del Estado. Por otra parte, el Estado, empezó a garantizar la libertad religiosa e impuso a la Iglesia su definición como asociación social separada del Estado y en ningún caso investida de atribuciones generales para la sociedad. Con esta ruptura fue la burguesía (opuesta a los privilegios de la aristocracia y el clero) la clase social que accedió al poder. El nuevo Estado liberal se erigió sobre sociedades definidas como naciones. Este concepto de nación que empezó a utilizarse a partir de ahora alude a ciertos elementos comunes de la sociedad, tales como la comunidad territorial, de lengua y de cultura, pero no se definió su carácter clasista, sino que se concibió en principio como una unidad indivisible integrada por una suma de individualidades de carácter homogéneo e igualitario.                     A pesar de que el liberalismo europeo en boga a principios del siglo XIX procuró que el Estado se abstuviera de intervenir en los asuntos sociales, desde un principio las necesidades de construcción nacional propiciaron una serie de medidas estatales, entre ellas las medidas de política educativa, a las que se asignó un papel integrador. Igualmente se llevaron a cabo diversas políticas sectoriales destinadas a mejorar las condiciones de vida de la sociedad o para el fomento y defensa de ciertas actividades económicas, sobre todo en aquellos países de mayor retraso industrial.                                                                   El pensamiento socialista criticó muy pronto este concepto de Estado liberal, al que definió como instrumento de la clase dominante para ejercer un poder sobre las demás clases sociales. No obstante, la perspectiva socialdemócrata concedió al Estado cierta capacidad para conseguir constantes mejoras para las clases trabajadoras. Por su parte, el pensamiento neomarxista iniciado ya en el siglo XX a partir de Gramsci, concedió al Estado la posibilidad de representar intereses nacionales y cohesionar a distintos grupos sociales en torno a un proyecto político.                                                                                                               Desde todas estas perspectivas, la función que el Estado cumple en el campo de la educación tiene un significado muy importante. A la educación se le atribuyen funciones tales como las de integración de los distintos grupos sociales, culturales y étnicos, la creación de una identidad nacional y la legitimación del poder del Estado. Se trata, en definitiva, de conseguir el consenso, de manera que el Estado no se reduzca a ser un aparato de mando e incluso de represión, sino que, mediante una compleja red de funciones que llevan a efecto la dirección cultural e ideológica de la sociedad, consiga el consenso entre los diversos sectores de la sociedad. La educación adquiere en ese sentido una significación relevante, dado su carácter de órgano óptimo para la generación del consenso. Junto a ello, los procesos de secularización del Estado, que se discutieron ardientemente en relación a la escuela laica y los problemas de la libertad de enseñanza, forman también parte de esta lucha hacia el consenso. El Estado como representante de lo general rompe el monopolio ejercido por la Iglesia en materia educativa. La secularización de la política se presenta como requisito para una nación unitaria y un poder estatal indiscutido.                                                                            Además de estas funciones más estrictamente políticas, el Estado busca también a través de la educación facilitar la movilidad social y formar adecuadamente a los ciudadanos para realizar un trabajo dentro de la estructura productiva de la sociedad, ya sea en la industria, la agricultura, el comercio, las profesiones liberales o los propios cuadros burocráticos que sostienen al Estado. Estas funciones de tipo social y económico fueron adquiriendo mayor relevancia según avanzó el proceso de industrialización a lo largo del siglo XIX y conforme la sociedad se fue complejizando. En un principio, cuando se gestaron los sistemas educativos nacionales, el nuevo Estado constitucional tenía como fundamento la creencia en que todos los hombres, independientemente de su proveniencia, eran capaces de un mismo desarrollo de la razón y, por tanto, debían considerarse jurídicamente iguales en los políticos. La educación nacional fue así un componente necesario del nuevo orden político. Como hemos dicho, los grupos sociales aún no se definían en sentido estricto como clases, y por ello la escuela, con su proyecto social y moral universal, ocupó una posición eminentemente simbólica: se dedicó a jugar el papel de factor de unificación moral y de centro de irradiación de la conciliación nacional.Hacemos estas consideraciones sobre el origen del Estado nacional en Europa y sus atribuciones en el terreno de la educación, pues es necesario tenerlas presentes para comprender adecuadamente la especificidad de este mismo fenómeno en Iberoamérica. El nuevo concepto de Estado liberal o nacional se extendió, a causa de la generalizada influencia de los textos constitucionales europeos, en otros contextos como el iberoamericano. Estos conceptos fueron adoptados para la organización de los nuevos Estados que surgieron a partir de la Independencia, pero su adopción se hizo sobre unos contextos sensiblemente distintos a los que en Europa habían conducido a la configuración de la nueva organización social y política. Los nuevos Estados americanos iniciaban procesos muy acelerados de modernización, en los que el Estado adquirió un protagonismo muy destacado que parecía ser la única posibilidad de crear un orden nuevo. Si en Europa el liberalismo proclamó en muchos sectores la necesidad de que el Estado se abstuviera de intervenir en la sociedad, en Iberoamérica el factor político tuvo un peso más significativo que en otras regiones, porque aquí la consolidación del Estado constituía un prerrequisito esencial. La intervención del Estado no se limitó únicamente a medidas de fomento económico, sino que fue primordialmente una búsqueda de unidad nacional y homogeneidad del espacio económico acotado nacionalmente. Estas tareas políticas debía asumirlas de forma prioritaria el emergente Estado latinoamericano, a diferencia del Estado en los países más avanzados de Europa, en los cuales el Estado liberal se consolidó en el momento en que la burguesía se afianzó como fuerza social dominante y en sociedades que habían adquirido ya una mayor cohesión nacional y una articulación económica.                               
  La historia de Iberoamérica del siglo XIX, la explicación del desarrollo histórico en la dependencia económica de los países iberoamericanos respecto de los mercados de los países industrializados de Europa en calidad de abastecedores de materias primas. Estas relaciones económicas posibilitaron una favorable coyuntura económica que permitió el desarrollo y las posibilidades de emprender procesos de modernización, y de capitalismo como la repetición de sus formas políticas, es decir, la generalización de la forma nacional-estatal. La dinámica de las sociedades dependientes se encuentra en las relaciones de grupos y clases que luchan por el poder.                                                                                                                        
    S. Zermeño ha explicado cómo, el capitalismo tardío que se desenvuelve en América Latina,  sólo desde la esfera estatal parecía posible cohesionar los profundos desgarramientos del tejido social. Desde el inicio del período independiente se debió encarar el fenómeno de la coexistencia de varias sociedades en el interior de un país, y ante tal fragmentación y disgregación socioeconómica el Estado debía asegurar no sólo la unidad territorial-administrativa, sino procurar igualmente la dinámica económica, la representación política y el "cemento" ideológico que vincula y reune las fuerzas centrífugas.                                             
      Este protagonismo del Estado, sin embargo, no se puede deducir exclusiva y simplemente de la nueva coyuntura política independiente ni de la incorporación de América Latina al capitalismo internacional en el siglo XIX. 

La consolidación de los estados Nacionales Latinoamericanos y Argentinos a fines del siglo XIX y principios del XX.

La transformación de la América Latina contemporánea
(década de 1880-década de 1990)

América Latina ha pasado por una serie de cambios económicos, sociales y políticos de largo alcance desde finales del siglo XIX. Las economías nacionales se han integrado en el sistema global centrado en Europa y Estados Unidos, han cambiado los agrupamientos y las relaciones sociales, las ciudades han florecido, y la política ha sido testigo de reformas y trastornos, y a veces de estancamiento. Estas variaciones han llevado a una gran diversidad de experiencias nacionales, por lo que tras este capítulo presentamos ocho casos prácticos: Argentina, Chile, Brasil, Perú, México, Cuba, el Caribe y Centroamérica. Como veremos, estos países ilustran la complejidad de la historia contemporánea latinoamericana.

No obstante, como ha habido importantes semejanzas y diferencias, el propósito de este capítulo es ofrecer un esbozo de los modelos y procesos del cambio. No refleja la historia de un solo país, sino que presenta un cuadro compuesto que puede proporcionar una base para entender el contexto en el que se desarrolló cada uno de ellos. También nos permitirá compararlos y obtener generalizaciones acerca de las fuerzas históricas que se dieron en todo el continente.

Si queremos comprender la América Latina contemporánea, debe situársela en el contexto de la expansión económica global, comenzando con la conquista del siglo XVI. Dentro de este sistema, ha ocupado una posición esencialmente subordinada o &laqno;dependiente» y ha seguido unos caminos económicos moldeados en gran medida por las potencias industriales europeas y estadounidense. Estos desarrollos económicos han originado transformaciones en el orden social y la estructura de clase, que, a su vez, han afectado de forma crucial los cambios políticos. Por ello, comenzamos con un conjunto de relaciones causales simplificadas: los cambios económicos producen cambios sociales que proporcionan el contexto para el cambio político.

Fase 1. Inicio del crecimiento basado en la exportación-importación (1880-1900)

La Revolución Industrial europea fue lo que precipitó el cambio en las economías decimonónicas latinoamericanas. Como se mostró en el primer capítulo, América Latina había vista reducirse sus vínculos con la economía mundial tras lograr la independencia de Portugal y España. Sus terratenientes invirtieron sus posesiones en entidades autónomas y autosuficientes, en vez producir bienes para los mercados internos o exteriores. La minería se había detenido, en parte como resultado de la destrucción ocasionada por las guerras independentistas. La manufactura era modesta y estaba en su mayor parte en manos de artesanos dueños de pequeños establecimientos.

Sin embargo, a finales del siglo XIX la industrialización europea empezó a ocasionar una fuerte demanda de productos alimenticios y materias primas. Los trabajadores ingleses y europeos, que ahora vivían en las ciudades y trabajaban en fábricas, necesitaban comprar los alimentos que ya no cultivaban, y los dirigentes de la industria, ávidos por extender su producción y operaciones, buscaban materia prima, en particular minerales. Ambos incentivos llevaron a los gobiernos e inversores europeos a buscar fuera, en África, Asia y, por supuesto, América Latina.

Como resultado, los principales países latinoamericanos pasaron por una prendente transformación a finales del siglo XIX, especialmente desde 1880. Argentina, con sus vastas y fértiles pampas, se convirtió en un importante productor de bienes agrícolas y ganaderos: lana, trigo y sobre todo carne. Chile resucitó la producción de cobre, industria que había caído en decadencia tras los años de la independencia. Brasil se hizo famoso por su producción de café. Cuba cultivó café, además de azúcar y tabaco. México empezó a exportar una serie de materias primas, desde el henequén (fibra utilizada para hacer cuerda) y el azúcar, hasta minerales industriales, en particular cobre y zinc. Centroamérica exportó café y plátanos, mientras que de Perú salieron azúcar y plata.

El desarrollo de estas exportaciones fue acompañado de la importación de productos manufacturados, casi siempre de Europa. América Latina compraba textiles, maquinaria, bienes de lujo y otros artículos acabados en una cantidad relativamente grande, con lo que se dio un intercambio, aunque los precios de las exportaciones latinoamericanas eran mucho más inestables que los de las europeas.

A medida que progresaba el desarrollo, la inversión de las naciones industriales, en especial de Inglaterra, fluyó hacia América Latina. Entre 1870 y 1913, el valor de las inversiones británicas aumentó de 85 millones de libras esterlinas a 757 millones, una multiplicación casi por nueve en cuatro décadas. Hacia 1913, los inversores británicos poseían aproximadamente dos tercios del total de la inversión extranjera. Una de sus más firmes inversiones era la construcción de ferrocarriles, en especial en Argentina, México, Perú y Brasil. Los inversores británicos, franceses y estadounidenses también pusieron capital en empresas mineras, sobre todo en México, Chile y Perú, lo que significó que los latinoamericanos no hubieran de invertir allí, pero también que el control de los sectores clave de sus economías pasara a manos extranjeras.

De este modo, a finales del siglo XIX, se había establecido una forma de crecimiento económico basado en la &laqno;exportación-importación» que estimuló el desarrollo de los sectores de materias primas de las economías latinoamericanas. El impulso y el capital provinieron en su mayoría del exterior. Con la adopción de esta alternativa, América Latina tomó un camino comercial de crecimiento económico &laqno;dependiente» de las decisiones y la prosperidad de otras partes del mundo.

La rápida expansión de sus economías de exportación fue acompañada e incluso precedida por la victoria de una justificación intelectual para su integración en la economía mundial. Esta justificación fue el liberalismo, la fe en el progreso y la creencia en que llegaría a la economía sólo mediante el juego libre de las fuerzas comerciales y a la politica mediante un gobierno limitado que maximizara la libertad individual. El liberalismo latinoamericano, al igual que la mayoría de sus ideologías, fue algo importado. Sus fuentes principales fueron Francia e Inglaterra. Sin embargo, a diferencia de estos países, América Latina no había pasado por una industrialización significativa a mediados del siglo XIX. Por ello, carecía de la estructura social que había madurado el liberalismo en Europa, hecho que sin duda iba a hacer algo diferente al liberalismo latinoamericano.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la América española y Brasil pasaron por un experimento abortado de capitalismo estatal. Los trastornos causados por las guerras revolucionarias francesas habían quebrado el monopolio comercial español en América. La Habana había sido capturada por los ingleses y sus puertos, abiertos de por en par. El asombroso aumento del comercio impresionó a todos los observadores. La lógica era ineludible: puesto que el contrabando se había convertido en un alto porcentaje del comercio total en toda la América española y portuguesa, ¿por qué no legalizar el comercio libre y obtener impuestos del incremento en un comercio controlado por el gobierno?

Los apologistas del liberalismo económico citaban sin cortapisas a los teóricos europeos que justificaban el comercio libre y la división internacional del trabajo como algo &laqno;natural» y, sin duda, óptimo. Toda desviación de sus dictados sería una locura: reducir el comercio y con ello los ingresos. Es importante considerar que la mayoría de los críticos que atacaban las instituciones políticas de los gobiernos monárquicos (que consideraban &laqno;no liberales») no discrepaban de la ideología del liberalismo económico. En Brasil, por ejemplo, Tavares Bastos acusó al gobierno de extinguir la vida política local, pero ensalzó las virtudes del libre comercio y repitió fielmente las doctrinas europeas del laissez-faire.

Se podría decir que durante la última parte del siglo XIX el liberalismo económico permaneció firme en América Latina. Los intentos por implantar aranceles proteccionistas fueron rechazados por los políticos, que sostenían no encontrarse en condiciones, ya fuera por sus recursos o por su capacidad de hacer tratos, de violar los principios del libre comercio.

Los debates clave acerca de la política económica se restringían en gran medida a las elites, definidas aquí como ese pequeño estrato (menos del 5 por 100 de la población) con poder y riqueza para controlar las decisiones políticas y económicas de ámbito local, regional y nacional.

El compromiso de éstas con el liberalismo se veía reforzado por su profunda preocupación acerca de la supuesta inferioridad racial de sus poblaciones nativas. De modo implícito aceptaban las teorías racistas al propugnar constantemente fuertes inmigraciones europeas como solución a su falta de mano de obra cualificada. Preferían inmigrantes del norte de Europa (aunque en realidad la gran mayoría vino de Portugal, España e Italia) con la esperanza de que los hábitos de la confianza en uno mismo y la capacidad emprendedora-sellos distintivos del ideal liberal-se reforzaran en su continente.

Añadido a las dudas racistas, había un sentimiento generalizado de su propia inferioridad. Hasta la primera guerra mundial, las elites latinoamericanas se solían describir como poco más que imitadoras de la cultura europea. Muchos dudaban de que sus países pudieran siquiera lograr una civilización característica. En los países tropicales, las preocupaciones acerca del determinismo racial se reforzaban con dudas sobre su clima, del que los teóricos europeos decían constantemente que nunca sustentaría una civilización superior. Así pues, el determinismo medioambiental reforzaba el racial y su combinación parecía descalificar a las tierras tropicales como escenario en el que pudiera realizarse el sueño liberal.

Dentro de América Latina, el rápido crecimiento de las economías de exportación llevó a transformaciones sociales sutiles pero importantes. La primera de todas y la más valiososa fue la modernización de la elite de clase alta. Debido a estos nuevos incentivos económicos, los latifundistas y propietarios dejaron de contentarse con realizar operaciones de subsistencia en sus haciendas; en su lugar, buscaron oportunidades y maximizaron los beneficios, lo cual condujo al surgimiento de un espíritu empresarial que marcó un cambio significativo en la apariencia y conducta de los grupos de elite. Los ganaderos de Argentina, los cultivadores de café de Brasil, los plantadores de azúcar de Cuba y México, todos buscaban eficiencia y éxito comercial. Ya no eran una elite semifeudal que vivía parcialmente encerrada, sino que se convirtieron en empresarios decididos.

Surgieron nuevos grupos profesionales o dc &laqno;servicios» para desempeñar funciones económicas adicionales. Particularmente importante fue el crecimiento y cambio habido en el sector comercial. Los comerciantes cumplieron una función esencial en esta transformación, al igual que en la ctapa colonial. pero ahora muchos eran extranjeros y vincularon las economías latinoamericanas con los mercados ultramarinos, en particular con Europa. También se contempló una evolución entre los profesionales, abogados y demás representantes de los grupos extranjeros y nacionales en sus transacciones comerciales. Los abogados siempre habían sido importantes, pero durante la fase de exportación-importación asumieron nuevas funciones cruciales al ayudar a determinar el marco institucional de la nueva era.

Estas transformaciones económicas y sociales también condujeron al cambio político. Al poner tanto en juego, las elites latinoamericanas-en especial los terratenientes-comenzaron a interesarse por la política nacional. Ya no se contentaban con permanecer en sus haciendas feudales y comenzaron a perseguir el poder político. La era del caudillo tradicional estaba llegando a su fin.

Su búsqueda de autoridad política a finales del siglo XIX tomó dos formas básicas. En una versión, los terratenientes y otras elites económicas tomaron el control del gobierno de forma directa, como en Argentina y Chile. Querían construir regímenes fuertes y selectivos, por lo habitual con apoyo militar, y solían proclamar su legitimidad mediante la adhesión a unas constituciones que se parecían mucho a los modelos europeos y estadounidense. En Argentina y Chile hubo una tenue competencia entre partidos que tendían, al menos en esta fase inicial, a representar facciones rivales de la aristocracia. Pero había mucho acuerdo acerca de los temas políticos básicos y escasa oposición seria a la cordura de perseguir el crecimiento económico mediante la exportación. La rivalidad era restringida y la votación solía ser una farsa. Se podría pensar en tales regímenes como expresiones de la &laqno;democracia oligárquica».

Un segundo modelo conllevaba la imposición de dictadores fuertes, a menudo con cargos militares, para asegurar la ley y el orden; de nuevo, en beneficio último de las elites terratenientes. Porfirio Díaz en México, que tomó el poder en 1876, es el ejemplo más notable, pero el modelo también apareció en Venezuela, Perú y otros países. En contraste con la democracia oligárquica, donde las elites ejercían el poder político aque se trataba de la aplicación indirecta de su autoridad mediante dictadores que no solían provenir de los estratos más altos de la sociedad.

En cualquier caso, lo importante era la estabilidad y el control social. Se suprimieron los grupos disidentes y se contuvo la lucha por el poder dentro de círculos restringidos. Sin duda, una de las metas básicas de estos regímenes era centralizar el poder, si era necesario quitándoselo a los caudillos regionales, y crear estados-nación poderosos y dominantes. No era fácil lograrlo debido a la fragmentación residual de la sociedad y a su misma estructura, pero se hicieron progresos en los países más grandes. En Argentina, por ejemplo, triunfó el centralismo con el establecimiento de la ciudad de Buenos Aires como distrito federal en 1880 (al igual que Washington D.C. está bajo la jurisdicción directa del gobierno federal en Estados Unidos). En México, la política efectiva y a menudo despiadada de Porfirio Díaz llevó al aumento del poder nacional a expensas de las plazas fuertes locales y, en Brasil, el gobierno imperial de Dom Pedro II avanzó de forma significativa hacia el establecimiento de un estado-nación efectivo (pero también provocó un retroceso regional que contribuyó al derrocamiento del imperio en 1889).

La intención de los centralistas era promover un mayor desarrollo económico mediante el crecimiento de las líneas de exportación-importación. La estabilidad política se consideraba algo esencial para atraer la inversión extranjera que, a su vez, estimularía el crecimiento económico. Y cuando llegaba la inversión, ayudaba a fortalecer las fuerzas de la ley y el orden. Los ferrocarriles son un ejemplo: los inversores extranjeros se resistirían a colocar sus fondos en un país amenazado por el desorden político; pero una vez que se construían los ferrocarriles, como en el caso de México, se convertían en instrumentos importantes para consolidar la autoridad central, ya que podían usarse (y lo fueron) para despachar tropas federales a sofocar levantamientos en casi cualquier parte de la nación.

Fase 2. Expansión del crecimiento basado en la exportación-importación (1900- 1930)

El éxito de esta política se hizo evidente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando las economías latinoamericanas orientadas a la exportación iniciaron periodos de prosperidad notable. Argentina se volvió tan rica por su economía basada en la carne y el trigo, que la figura del playboy argentino se convirtió en un distintivo de la sociedad de moda europea: un joven latino gastador que perseguía con gallardía la elegancia. En México, aparecieron y se extendieron las plantaciones que producían henequén en Yucatán y azúcar en las zonas centrales, en especial al sur de la capital; la minería era también rentable y la naciente industria petrolera comenzaba a convertirse en una actividad significativa. Seguían creciendo las exportaciones de cobre procedente de Chile, que también cultivaba algunas frutas y trigo para los mercados internacionales. Las mejoras tecnológicas llevaron al aumento de la producción azucarera en el Caribe, especialmente en Cuba, cuando los propietarios estadounidenses aceleraron sus inversiones en trapiches de azúcar modernos. Brasil vivía de las exportaciones de café y caucho natural. La United Fruit Company extendió sus inmensas plantaciones de plátanos en Centroamérica. En todos estos países, la economía monetaria se había vuelto más sensible a las tendencias de la economía mundial, donde las exportaciones conseguían divisas para comprar a duras penas las importaciones necesarias. Todo impacto importante en la economía mundial producía efectos rápidos y espectaculares en los sectores mercantilizados. Aunque la industrialización seguía siendo incipiente, ya había fábricas en sectores como el textil, artículos de cuero, bebidas, procesamiento de alimentos y materiales de construcción. Los sectores de servicios más dinámicos eran el transporte, la burocracia estatal, el comercio y las finanzas.

La consolidación del modelo de crecimiento por importación-exportación impulsó dos cambios fundamentales en la estructura social. Uno fue la aparición y el aumento de los estratos sociales medios. Por la ocupación desempeñada, a ellos pertenecían profesionales, comerciantes, tenderos y empresarios pequeños que se beneficiaban de la economía de exportación-importación, pero que no se encontraban entre los estratos superiores en cuanto a propiedades o liderazgo. Los portavoces del sector medio solían hallarse en las ciudades, tenían una educación bastante buena y buscaban un lugar reconocido en su sociedad.

El segundo cambio importante tuvo que ver con la clase trabajadora. Para sustentar la expansión de las economías de exportación, las elites trataron de importar fuerza de trabajo externa (como señaló una vez el argentino Juan Bautista Alberdi, &laqno;gobernar es poblar»). Como resultado, en la década de 1880, Argentina comenzó una política dinámica para alentar la inmigración desde Europa: la marea de llegadas durante las tres décadas siguientes fue tan grande que, incluso descontando los retornos, ha sido denominada por uno de los historiadores del país la &laqno;era aluvial». Brasil también reclutó inmigrantes, principalmente para trabajar en los cafetales de Sao Paulo. Los recibidos por Perú y Chile fueron numerosos, pero muchos menos en términos absolutos y relativos que los de Argentina. Cuba siguió siendo un caso especial, ya que la importación de esclavos negros africanos había determinado hacía mucho la composición de su clase trabajadora (esto es igual en ciertas partes de Brasil, en particular en el noreste, donde las plantaciones de azúcar prosperaron con el trabajo esclavo). México presenta una excepción interesante a este modelo. Fue el único entre los países mayores que no buscó una inmigración externa considerable. Hay una razón obvia para ello: el país continuaba teniendo una gran población campesina India, por lo que resultaba innecesario importar fuerza laboral.

La aparición de las clases trabajadoras incipientes llevó a la aparición de nuevas organizaciones, con importantes implicaciones para el futuro. Los trabajadores solían establecer sociedades de ayuda mutua y, en algunos países, emergieron los sindicatos. La naturaleza de la economía latinoamericana estableció el del obrero. En primer lugar, como las exportaciones eran cruciales, los trabajadores de la infraestructura que las hacían posibles-en especial los ferrocarriles y muelles-tenían una posición vital. Toda parada laboral suponía una amenaza inmediata para la viabilidad económica del país y, de ese modo, para su capacidad de importar. En segundo lugar, el estado relativamente primitivo de la industrialización significó que la mayoría de los trabajadores estuvieran empleados en firmas muy pequeñas, habitualmente de menos de 25 empleados. Sólo unas cuantas industrias. como las textiles, se adecuaban a la imagen moderna de enormes fábricas con técnicas de producción masivas. Los sindicatos en cuestión se solían organizar por oficios y no por industrias. La excepción eran los trabajadores de los ferrocarriles, las minas y los muelles, que no por coincidencia se hallaban entre los militantes más activos.

De 1914 a 1927 se contempló el surgimiento de la movilización obrera, fue el punto más alto de la influencia anarquista, anarcosindicalista y sindicalista, cuando las capitales de toda nación importante de América Látina se vieron torpedeadas por huelgas generales. De repente, pareció que esta región se unía a las confrontaciones de clase que estromecían a Alemania y Rusia, así como a Estados Unidos y gran parte del resto de Europa. En estos momentos críticos-protestas masivas, huelgas generales, intensificación de lazos entre sindicalizados y no sindicalizados-, se puede ver con claridad la naturaleza de la clase trabajadora, su organización y el mode en que las elites dominantes deciden responder.

Lo que necesitaremos comparar, a medida que se desarrollen los estudios por países, son las similitudes y las diferencias de los modelos de interacción entre patronos, trabajadores y políticos, junto con terratenientes, profesionales y militares. Aunque existen semejanzas en las movilizaciones laborales urbanas durante la década posterior a la gran protesta que comenzó con el fin de la primera guerra mundial, hubo sorprendentes diferencias en las respuestas de la elite. En particular, veremos que el marco legal de las relaciones laborales recibió mucha más atención en Chile que en Argentina y Brasil.

Otro cambió importante durante el de 1900 a 1930 afectó al equilibrio entre los sectores rural y urbano de la sociedad. Se combinaron la importación del trabajo y la migración campesina para producir el crecimiento a gran escala de las ciudades. En 1900 Buenos Aires se había establecido como &laqno;el París de Suramérica» y era una ciudad grande y cosmopolita con unos 750.000 habitantes. En total, casi un cuarto de la población argentina vivía en las ciudades con más de 20.000 habitantes al terminar el siglo; lo mismo ocurría en Cuba. Cerca del 20 por 100 de la población chilena residía en asentamientos similares, mientras que las cifras correspondientes a Brasil y México (el último con una población indígena sustancial) bajaban al 10 por 100. En Centroamérica las cifras también se hallaban por debajo del 10 por 100 y en Perú caía al 6 por 100. El hecho generalizado es que la expansión de las economías de exportación-importación ocasionó la urbanización de la sociedad latinoamericana.

Sin embargo, debido al origen nacional o étnico, las clases trabajadoras no con siguieron mucho poder político a comienzos del siglo XX. Los inmigrantes de Argentina y Brasil no tenían derecho a votar si no habían conseguido la naturalización, por lo que los políticos podían permitirse no tenerlos en cuenta. En México, los trabajadores de origen campesino tenían pocas posibilidades de influir en la dictadura de Porfirio Díaz. Y en Cuba, por supuesto, la historia de la esclavitud había dejado su doloroso legado.

Esto significó, al menos a breve plazo, que las elites latinoamericanas, mientras promovían la expansión orientada a la exportación, pudieran contar con una fuerza laboral que respondía sin que existiera una amenaza efectiva de participación política (aunque las huelgas habían resultado preocupantes). Desde entonces hasta los años veinte o treinta a algunos les pareció contar con lo mejor de ambos mundos.

Y, como resultado, las elites de varios países permitieron una reforma política que posibilitó a los miembros y representantes de los sectores medios acercarse al poder. La idea era conseguir la lealtad de los sectores medios para fortalecer de este modo la estructura de control y poder de la elite. Por consiguiente, el inicio del siglo XX fue un periodo de reforma política en algunos de los países mayores: en Argentina, una ley electoral de 1912 abrió el sufragio a grandes sectores de población y permitió al partido de la clase media, el denominado Partido Radical, conseguir la presidencia en 1916. En Chile, los cambios comenzaron en realidad a partir de 1890 y supusieron la imposición del gobierno parlamentario sobre el sistema presidencialista anterior. En Brasil, la caída de la monarquía en 1889 inanguró un periodo de política electoral limitada. Cuba, tras conseguir la independencia de España en 1898 (y como muchos dirían, cederla después a Estados Unidos), siguió siendo un caso especial. E incluso para México, donde estalló una revolución a gran escala en 1910, es válida la generalización: el objetivo original del movimiento revolucionario no era transformar la sociedad mexicana, sino solamente conseguir el acceso al sistema político de los segmentos excluidos de la clase media.

Los movimientos reformistas produjeron a menudo una &laqno;democracia cooptada», en la que la participación efectiva se extendía de la clase alta a la media y seguía excluyendo a la más baja. Tales transformaciones solían reflejar los intentos de las elites socioeconómicas gobernantes por cooptar a los sectores medios en apoyo del sistema, aunque a veces tuvieron consecuencias imprevistas, como en el caso de México, donde los acontecimientos trascendieron hasta ocasionar una revolución completa. Los objetivos de la mayoría fueron limitados.

Un efecto colateral significativo fue la creación de un cuadro de políticos profesionales en varios países. Los partidos políticos crearon carreras para los hombres (las mujeres latinoamericanas ni siquiera tuvieron voto hasta 1929) que pudieran dedicar toda su vida adulta a conseguir el poder político. Muy a menudo solían representar los intereses de la aristocracia reinante, pero además formaban un grupo social separado e identificable. Como actores prominentes de la escena política civil, también se convirtieron en blancos del desdén y la ira del estamento militar.

En la mayor parte de los países latinoamericanos, la fórmula reformista funcionó bastante bien, al menos para las elites. La demanda europea de materias primas durante la primera guerra mundial y varios años después condujo a una prosperidad continuada y sostenida. El modelo de crecimiento basado en la exportación-importación parecía ofrecer medios funcionales y provechosos para la integración dc América Latina en el sistema global del capitalismo. Las adaptaciones políticas parecían asegurar la hegemonía a largo plazo de las elites nacionales.

En realidad, pronto se descubrió que el liberalismo -tanto político como cconómico-tenía deficiencias. Su ilustra el fenómeno tan conocido en toda la América Latina contemporánea: el préstamo cultural desafortunado o &laqno;alienación», según lo han descrito los nacionalistas de tiempos recientes. Al copiar las instituciones legales y las frases filosóficas del liberalismo clásico, los latinoamericanos descubrieron que su realidad no se prestaba a la simple aplicación del dogma. No supieron entender que, en su origen, el liberalismo europeo fue la ideología de una clase social en alza, cuyo poder económico emergente le proporcionó los medios para llevarla a la práctica.

¿Significa esto algo más que América Latina carecía de una close media importante? Sólo en parte. Resulta más fundamental el hecho de que había seguido siendo una economía agraria cuyo sector exportador se correspondía, en la mayoría de los países, con un enorme sector de subsistencia. El liberalismo tuvo fortuna sólo porque, desde 1850, un pequeño pero creciente sector de la sociedad pensó que éste consideraba diferentes sus intereses de los propios de los sectores tradicionales.

De forma específica, todos los profesionales-abogados, médicos, militares de carrera, funcionarios civiles y comerciantes-constituían un interés urbano. Absorbieron con rapidez las ideas liberales europeas sin conseguir el poder económico relativo de sus semejantes en Francia e Inglaterra. Así, aunque no hubieran considerado que sus intereses económicos eran antagónicos de los del sector agrario tradicional, se hubieran hallado en una posición débil. Pero a menudo no fue así. Sus vidas solían estar ligadas al sector agrario aunque vivieran en las ciudades. Los ingresos de sus clientes, usuarios y patronos dependían en gran medida de la agricultura comercial. A su vez, la prosperidad de esta agricultura dependía del comercio exterior.

En este punto, el económico ponía en un callejón sin salida

a los liberales latinoamericanos. Como creían en sus principios abstractos y se daban buena cuenta de su patente debilidad frente a sus principales acreedores y socios de intercambios-Estados Unidos e Inglaterra-, no podían pensar en un camino que pasara por soluciones económicas no liberates. Además, lo último les habría resultado caro en sus personas a corto plazo. Por ejemplo, los aranceles proteccionistas para la industria sin duda habrían cargado a los consumidores urbanos con bienes más caros y de peor calidad. La protección también habría hecho peligrar los beneficios de los comerciantes dedicados a la exportación-importación, que eran un poderoso grupo de presión. Así pues, Los liberales fueron renuentes a apoyar la industrialización, que por sí sola podría haber aumentado su nú¦nero lo suficiente como para otorgarles el poder politico, que quizá habría hecho posible la realización de los ideates políticos liberales.

El económico y el político se sesgaban de otro modo más. las ideas no liberales en economía tales como los aranceles proteccionistas y los controles sobre las inversiones extranjeras a menudo se asociaban en la práctica con ideas políticas antiliberales. Así , la conexión se estableció con facilidad: la desviación de los principios económicos liberales significaba un gobierno autoritario por lo que se la tenía en poco aprecio.

Un argumento más utilizado contra los que abogaban por la heterodoxia económica (es decir, por medidas no liberales) era difícil de rebatir desde la política. Ante cualquier propuesta de apoyo gubernamental a la industria nacicnal, sus oponentes lanzaban la acusación, a menudo con buenos resultados, de que un pequeño grupo de inversores egoístas querían beneficiarse a expensas del público. Además, los empresarios locales casi siempre carecían de fondos y experiencia. Como en el resto del mundo en vías de desarrollo, se enfrentaban a la competencia formidable de los bienes importados desde las economías industrializadas. Sin protección ni subsidios tenían pocas esperanzas.

A los liberales latinoamericanos también los debilitaba otra razón. Se trataba de su incertidumbre acerca de una premisa subyacente en el liberalismo: la fe en la racionalidad y el carácter emprendedor de los individuos del país. En Brasil, por ejemplo, los políticos se habían pasado años justificando la esclavitud sobre la base de que era un mal necesario para su economía tropical agraria. Sólo podían hacer ese trabajo los esclavos africanos. Ahora el argumento volvía para perseguir a los liberates. El legado de la esclavitud era una fuerza laboral que quedaba muy lejos del mundo racional concebido por Bentham y Mill. El acontecimiento que transformó esta atmósfera fue el derrumbamiento espectacular de la economía capitalista mundial en 1929 y 1930.

Fase 3. Industrialización en lugar de importación
(1930-década de 1960)

La Gran Depresión tuvo en su inicio efectos catastróficos sobre las economías latinoamericanas. El precipitado declive económico de Europa y Estados Unidos redujo de improviso el mercado para sus exportaciones. La demanda internacional de café, azúcar, metales y carne pasó por una aguda reducción y no se pudieron hallar salidas alternativas para estos productos. Cayeron el precio unitario y el volumen de exportación, por lo que el valor total durante los años 1930-1934 fue un 48 por 100 más bajo que el de 1925-1929. Una vez más, los acontecimientos sucedidos en el centro industrializado del sistema mundial tuvo efectos decisivos (y limitadores) sobre América Latina y otras sociedades del Tercer Mundo.

La depresión mundial que siguió causó una gran presión en los sistemas políticos de los países latinoamericanos, muchos de los cuales sufrieron golpes militares (o intentos de golpes). Más o menos en el año siguiente a la quiebra de la bolsa en Nueva York, los militares habían buscado el poder o lo habían tomado en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador y Honduras México soportaba su propia crisis constitucional y Cuba sucumbió a un golpe militar en 1933. Sería una exageración afirmar que los efectos económicos de la Depresión causaron estos resultados políticos, pero pusieron en duda la viabilidad del modelo de crecimiento basado en la exportacion-importación, ayudaron a desacreditar a las elites políticas gobernantes e hicieron que las mesas estuvieran más preparadas para aceptar los regímenes m¦litares. A partir de la década de 1930, el ejército reafirmó su papel tradicional como fuerza principal en la política latinoamericana.

Los gobernantes de la región tenían dos opciones para responder a la crisis económica global. Una era forjar vínculos comerciales aún más estrechos con las naciones industrializadas para asegurarse compartir equitativamente el mercado sin que importase su tamaño y desajustes. Por ejemplo, Argentina tomó csta vía al luchar por preservar su acceso al mercado británico de carne. En 1933 firmó el Pacto Roca-Runciman, mediante el cual retendría cuotas aceptables del mercado inglés a cambio de garantizar la compra de bienes británicos y asegurar las ganancias de los negocios británicos en Argentina. De estc modo, algunos países trataron de mantener el funcionamiento del modelo basado en la exportación-importación a pcsar de la reducción en la demanda ocasionada por la Deprcsión.

Una vía alternativa, que no contradecía necesariamentc a la primera, era embarcarse en la industrialización. Una de las metas de esta política, a menudo apoyada por el ejército sería conseguir una mayor independencia económica. La idea era que al Ievantar su propia industria, América Latina depcndería menos de Europa y Estados Unidos en cuanto a artículos manufacturados. Para los militares esto significaba armas. Al producir bienes industriales agrícolas y minerales, las economías latinoamericanas se integrarían más y se harían más autosuficientes. Y, como resultado, serían menos vulnerables a los choques causados por la depresión mundial.

Un un objetivo adicional era crear puestos de trabajo para las clases trabajadoras que habían seguido aumentando su tamaño e importancia desde comienzos del siglo XX. El proletariado latinoamericano se concentraba casi totalmente en las ciudades y seguía luchando por organizar y sostener movimientos sindicales. Y en contraste con la generación anterior, ahora trataba de ejercer poder como fuerza social. En algunos países como Chile, los movimientos sindicales se vieron relativamente libres de la participación arbitraria del gobierno. En otras partes, como en México y Brasil, los políticos reconocieron el trabajo como un recurso político potencial y tomaron parte directa en estimular (y controlar) las organizaciones laborales. Ya se percibiera como aliada o amenaza, la clase trabajadora urbana buscaba un empleo seguro y los dirigentes latinoamericanos vieron la industrialización como un medio de responder.

Pero la forma más razonable de desarrollo industrial no era copiar simplemente los senderos trazados, por ejemplo, por la Inglaterra del siglo XX. En su lugar, las economías latinoamericanas comenzaron a producir artículos manufacturados que antes importaban de Europa y Estados Unidos. De aquí proviene el nombre para este tipo de desarrollo: &laqno;sustitución de importaciones».

Desde finales de los años treinta hasta los años sesenta, las políticas de este tipo tuvieron un éxito relativo, al menos en los países grandes. Argentina, Brasil y México pusieron en marcha importantes plantas industriales que ayudaron a generar crecimiento económico. Hubo limitaciones e impedimentos a esta forma de desarrollo (que se explican más adelante), pero el resultado inmediato fue generar impulso para las economías nacionales.

Las consecuencias sociales de la industrialización fueron complejas. Un resultado, por supuesto, fue la formación de una clase capitalista empresarial o, de forma más específica, de una burguesía industrial. En Chile, los miembros de este grupo provinieron sobre todo de las familias de la elite latifundista. En México y Argentina comprendieron diferentes tipos sociales, por lo que representaron un reto potencial a la hegemonía de las elites gobernantes tradicionales. Pero permanece invariable el punto básico: la industrialización, aunque fuera de este tipo, creó un nuevo grupo de poder en la sociedad latinoamericana. Su papel iba a ser muy debatido a medida que avanzaba el siglo.

De una importancia particular fue el papel del Estado en la estimulación del crecimiento industrial basado en la sustitución de importaciones. En contraste con las políticas de laissez-faire de Inglaterra y Estados Unidos durante el siglo XIX, los gobiernos latinoamericanos promovieron de forma activa el crecimiento industrial. Lo hicieron de varios modos: erigiendo barreras arancelarias y elevando el precio de los bienes importados hasta el punto en que las compañías industriales nacionales pudieran competir con éxito en el mercado: creando demanda al favarecer a los productores locales en los contratos gubernamentales (por ejemplo, en compras para el ejército). y, Io más importante. estableciendo empresas estatales e invirtiendo directamente en compañías industriales. Mediante la protección y la participación. el Estado proporcionó el ímpetu decisivo para el crecimiento industrial de la región.

A medida que progresaba la industria, las clases obreras también se hicieron más fuertes e importantes. Ya fueran autónomos o dirigidos por el gobierno, los movimientos sindicales crecieron con rapidez y el apoyo (o control) del trabajo se convirtió en algo crucial para la continuación de la expansión industrial. Se necesitaba que los obreros proporcionaran trabajo en condiciones que fueran rentables para sus patronos. El trabajo organizado emergía como un importante actor en la escena latinoamericana.

La expresión política de estos cambios socioeconómicos tomó dos formas. Una fue seguir con la democracia de elección, mediante la cual los industriales y trabajadores obtenían acceso (por lo usual limitado) al poder a través de la contienda electoral o de otro tipo. Un ejemplo fue Chile, donde los partidos políticos se reorganizaron para representar los intereses de nuevos grupos y estratos de la sociedad. Los partidos pro trabajo y pro industriales entraron en el proceso electoral chileno y acabaron llevando a la trágica confrontación de los años setenta. Bajo este sistema, se los cooptó en la estructura gubernamental, y mientras duró este acuerdo, su participación prestó un valioso apoyo al régimen.

La respuesta más común conllevó la creación de alianzas &laqno;populistas» multiclasistas. El surgimiento de una elite industrial y la vitalización de los movimientos obreros hicieron posible una nueva alianza pro industria que mezclaba los intereses de empresarios y trabajadores; en algunos cases, desafiando de forma directa el predominio secular de los intereses agrícolas y terratenientes. Cada una de estas alianzas la forjó un dirigente nacional que utilizó el poder estatal para su objetivo. De este modo, como veremos más adelante, Juan Perón construyó una coalición de clases populista y urbana en Argentina durante los años cuarenta; en Brasil, Getúlio Vargas comenzó a hacer lo mismo a finales de los años treinta; y, en circunstancias algo más complicadas, Lázaro Cárdenas se inclinó por soluciones populistas para México durante este mismo periodo. La mayoría de los regímenes populistas tenían dos características clave. Por un lado, eran al menos semiautoritarios: solían representar coaliciones contra algún otro conjunto de intereses (como los de los terratenientes) a los que por definición se impedía la participación, lo que conllevaba cierto grado de exclusión y represión. Por otro lado, como el tiempo demostraría, re-presentaban intereses de clases trabajadores e industriales destinadas al conflicto. Así pues, el mantenimiento de estos regímenes dependía en gran medida del poder personal y carisma de los dirigentes individuales (como Perón en Argentina y Vargas en Brasil). También significaba que. con un dirigente carismático o sin él sería díficil sostenerlos en tiempos de adversidad económica.

Fase 4. Estancamiento del crecimiento basado en la sustitución de importaciones (década de 1960-década de 1980)

Los años sesenta presagiaron una era de crisis para América Latina. La estrategia política que surgió de las políticas de industrialización posteriores a 1929 había comenzado a tropezar con series problemas, tanto económicos como políticos. En el frente económico, surgieron en parte por la misma na-turaleza del desarrollo basado en la industrialización para sustituir a la im-portación.

En primer lugar, la estructura de esta industrialización era incompleta. Para producir géneros manufacturados, las empresas latinoamericanas tenían que contar con bienes de producción importados (como la maquinaria) de Europa, Estados Unidos y luego de Japón. Si no podían importarse, o eran demasiado caros, se ponían en peligro las empresas locales. Poco a poco los latinoamericanos se dieron cuenta de que el crecimiento basado en este tipo de industrialización no ponía fin a su dependencia de las naciones industrializadas. Sólo alteraba su forma.

Esta dificultad inherente se agudizó por los términos desiguales del intercambio. Con el paso de l tiempo, los precios de las principales exportaciones latinoamericanas (café, trigo, cobra) en el mercado mundial sufrieron un descenso sostenido de poder adquisitivo. Es decir, por la misma cantidad de exportaciones, los países latinoamericanos podían comprar cada vez menores cantidades de bienes de producción. Así pues, el crecimiento económico se enfrentaba a un atolladero. Y la respuesta no consistía en aumentar el volumen de sus exportaciones tradicionales, ya que esto solamente hacía caer el precio.

En segundo lugar, la demanda interna de productos manufacturados era limitada. Las industrias tropezaban contra la falta de compradores, al menos a los precios y condiciones de crédito que ofrecían. Los brasileños sólo podían comprar unos cuantos frigoríficos (debido en particular a la distribución del ingreso tan desigual, que hacía que las masas populares ni siquiera pudieran considerar tales compras). Quizás podría haberse hecho frente a este problema de mercados limitados con la formación de asociaciones comerciales multinacionales o regionales o algo semejante a un mercado común lati-noamericano; hubo esfuerzos en esta dirección, pero no se resolvió el tema. Las industrias de los países más grandes tendían a ser más competitivas que complementarias y tales rivalidades supusieron serios obstáculos políticos para la formación de las asociaciones. Según pasó el tiempo, las empresas industriales de la región continuaron enfrentándose al problema de los mercados limitados.

En tercer lugar, y muy relacionado estaba el grado relativamente elevado de la tecnología presente en la industria latinoamericana. Esto significaba que sólo podía crear un número de puestos de trabajo limitado para los obreros. En otras palabras, el desarrollo industrial latinoamericano de este periodo había elegido la tecnología con uso de capital intensivo típica de las economías industriales avanzadas; en comparación con los modelos de crecimiento del siglo x¦x, ocasionaba más inversiones en maquinaria y menos en trabajo manual. Las compañías lo consideraban necesario para sobrevivir en la competencia económica. Sin embargo, uno de sus resultados involuntarios fue poner un techo al tamaño del mercado interno de bienes de consumo, ya que eran relativamente pocos los asalariados que podían permitirse comprarlos. Un segundo resultad o fue la imposibilidad de contrarrestar el creciente desempleo que, en los años sesenta, comenzó a plantearse como una seria amenaza al orden social establecido.

A medida que aumentaba la presión, las elites gobernantes de varios países imponían regímenes más represivos, con frecuencia mediante golpes militares, como sucedió en Brasil (1964), Argentina (1966) y Chile (1973). En todos los casos, las decisiones más importantes las tomaron (o estuvieron sujetas al veto de) los altos cargos militares. En vista del estancamiento económico, los militares y las elites pensaron que debían estimular la inversión y, para lograrlo, razonaron, habían de desmantelar, quizás incluso aplastar, el poder colectivo de la clase obrera. Cuanto más organizada estaba, más difícil resultó la tarea.

Cada uno de estos gobiernos dominados por los militares asumió el poder de controlar las decisiones concernientes a los intereses obreros más vitales: salarios, condiciones laborales, beneficios complementarios y el derecho a organizarse. La clase obrera tuvo que resignarse a las medidas aprobadas por las burocracias de los gobiernos militares que establecieron la política laboral. Entre 1973 y 1979 prácticamente no hubo huelgas en Chile; lo mismo puede decirse para Brasil de 1968 a 1978. Los intentos de organizar huelgas en esos países durante los años mencionados invitaban a una dura represión, aunque se dio cierta relajación en Brasil a comienzos de 1978. Resultó difícil suprimir la fuerte tradición sindicalista argentina, pero allí también se obligó a los dirigentes obreros a mostrar gran prudencia. Los tres regímenes militares crearon el &laqno;imperativo económico» para tratar de las relaciones laborales.

¿Por qué esta dureza contra la clase obrera? Considerados a corto plazo, los tres casos pueden explicarse por la necesidad de acometer políticas antiinflacionistas impopulares. Estos regímenes llegaron al poder cuando la inflación y la balanza de pagos deficitaria habían vuelto sus economías peligrosamente vulnerables. En los tres casos, casi se había agotado el crédito internacional, público o privado, del mundo capitalista. Se había requerido de los tres que pusieran en marcha programas de estabilización. Como ningún país no capitalista había logrado en los años recientes conseguir la estabilización económica sin provocar una caída de los salarios reales (por lo general muy grande ) y como Argentina, Brasil y Chile tenían mucha experiencia en organizar la resistencia obrera ante los programas de estabilización, no era una sorpresa que estos gobiernos militares quisieran controlar estrechamente a esta clase.

Sin embargo, los tres casos de políticas antiobreras tenían causas más profundas. Estos gobiernos proclamaron ser &laqno;antipolíticos». Culpaban del infortunio de sus países a la supuesta incompetencia, deshonestidad o traición de los políticos y se mostraron más agresivos hacia los políticos izquierdistas radicales y los líderes obreros. Se dejaron abiertos pocos canales de oposición política. Del mismo modo que Chile fue una vez el sistema más democrático, su régimen militar se convirtió en el más draconiano, al abolir todos los partidos políticos y quemar las listas electorales. Los generales repudiaron la competición política abierta y pluralista por la que el país se había hecho famoso. Chile iba a entrar en una era &laqno;libre» de política.

El gobierno militar argentino tomó medidas severas en 1976: suspendió el Congreso y todos los partidos políticos, lo que significó un hiato en la competición política. Los guardianes militares de Brasil, aunque llegaron al poder en una atmósfera política menos radicalizada que los otros dos gobiernos, también se vieron impulsados en su segundo año (1965) a abolir los antiguos partidos políticos (reemplazados por dos nuevos sancionados por el gobierno). A una fase más represiva (aunque con menos muertes que en Argentina o Chile) iniciada en 1968, le siguió una &laqno;apertura» gradual a partir de 1978.

Los regímenes que avanzaron por este camino acabaron conociéndose como estados &laqno;burocrático-autoritarios» y presentaron varias características comunes. Una fue el nombramiento para cargos públicos de gente con carreras altamente burocráticas: miembros del ejército, el funcionariado civil o corporaciones importantes. La segunda consistió en la exclusión política y económica de la clase trabajadora y el control de los sectores populares. La tercera fue la reducción o casi eliminación de la actividad política, en especial en las primeras fases del régimen: se definían los problemas como técnicos, no políticos, y se buscaban soluciones administrativas en lugar de llegar a acuerdos políticos negociados.

Por último, los gobiernos burocráticos-autoritarios trataron de reavivar el crecimiento económico mediante la consolidación de vínculos con las fuerzas económicas internacionales, revisando, una vez más, los términos de la dependencia del sistema mundial global. De forma específica, los dirigentes de estos regímenes forjaron con frecuencia alianzas con corporaciones multinacionales (vastas compañías internacionales como IBM, Philips, Volkswagen). Para conseguir crédito y ganar tiempo, también necesitaban llegar a acuerdos con sus acreedores, como los bancos estadounidenses y europeos y los organismos de préstamo internacionales (como el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano). Este tipo de tareas se delegaron por lo común en los miembros más internacionales de la coalición original, con frecuencia jóvenes economistas preparados en instituciones estadounidenses, que solían identificarse con apodos irónicos, como los &laqno;Chicago boys» de Chile.

México, como veremos en el capítulo 7, representa una situación diferente, ya que el Estado había adquirido un control efectivo sobre los sectores populares antes de la caída económica de los años sesenta, por lo que pudo hacer la transición del autoritarismo &laqno;populista» a una versión modificada del autoritarismo &laqno;burocrático» sin un brutal golpe militar. Ese control sobre los sectores populares se probó de nuevo durante la larga crisis económica que siguió a 1982. Centroamérica demuestra la volatilidad de las condiciones sociales donde el desarrollo económico se dio bajo la dictadura tradicional, sin dar lugar a una reforma creciente. Y Cuba, con su revolución social, ofrece un modelo más de transición y cambio.

Fase 5. Crisis, deuda y democracia (década de 1980-década de 1990)

El crecimiento económico durante los años setenta dependió del préstamo externo. En 1973 y 1974 y de nuevo en 1978 y 1979, Ia acción concertada de los países exportadores de petróleo llevó a unos aumentos abruptos en el precio mundial del crudo. Como no podían gastar todos sus inesperados beneficios (conocidos técnicamente como &laqno;rentas») en sus propios países, los potentados del Oriente Próximo hicieron depósitos masivos en bancos internacionales. Resultaba bastante lógico que estos bancos quisieran prestar este dinero a clientes faltos de capital pero merecedores de crédito, a unas tasas de interés provechosas. Los banqueros prominentes de Europa y Estados Unidos decidieron que los países latinoamericanos parecían buenos clientes potenciales, en especial si sus gobiernos se comprometían a mantener la ley y el orden.

Así comenzó un ciclo frenético de préstamos. Entre 1970 y 1980, América Latina incrementó su deuda externa de 27.000 millones de dólares a 231.000 millones, con unos pagos anuales (intereses más amortizaciones) de 18.000 millones. En seguida aparecieron las complicaciones. Bajó el precio de las mercancías, subieron las tasas de interés real y los banqueros se mostraron reacios a seguir concediendo créditos. Los países de la región experimentaron crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones de la deuda y en agosto de 1982 México declaró su imposibilidad de pagar. El gobierno estadounidense reunió frenética¦nente un paquete de rescate para ese país, pero sólo proporcionó un respiro a breve plazo. Para cubrir los intereses únicamentc, los principales deudores latinoamericanos-Argentina, Brasil y México-tenian que pagar por año el equivalente del 5 por 100 de su producto interior bruto (PIB). Atrapada en la disyuntiva de reducir sus ingresos por exportación y aumentar sus obligaciones de servicio de la deuda, América Latina se sumó en una crisis económica de una década.

A lo largo de los años ochenta, las autoridades internacionales el gobierno estadounidense, Ios banqueros privados y especialmente el Fondo Monetario International (FMI) impusieron estrictos términos a los deudores latinoamericanos. Si los gobiernos emprendían reformas económicas profundas, podían hacerse merecedores de la exoneración de sus cargos con la deuda. Estas reformas casi siempre incluían la apertura de las economías al mercado y la inversión exteriores, la reducción del papel del gobierno, el impulso a nuevas exportaciones y la toma de medidas contra la inflación. Este conjunto de ideas &laqno;neoliberales» requería &laqno;ajustes estructurales» en la política económica y significó casi el repudio total de las estrategias basadas en la industrialización en lugar de la importación antes tan alabadas.

Casi sin elección, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos aceptaron las condiciones patrocinadas por el FMI, al menos formalmente. Los países más pequeños, como Chile y Bolivia, lograron llevarlas a la práctica. México hizo progresos importantes hacia finales de la década de 1980, como Argentina, Brasil y Perú a principios de los años noventa. Brasil, el mayor país de todos, resistiría las fórmulas del FMI hasta mediados de los noventa.

En 1990, cuando se habían concedido más préstamos para cubrir el pago de los intereses, la deuda total latinoamericana subió a 417.500 millones de dólares. Desde 1982 haste 1989, América Latina transfirió más de 200.000 millones de dól ares a las naciones industrializadas, equivalentes a varias veces el Plan Marshall. El producto interior bruto per cápita descendió en 1981, 1982, 1983, 1988 y 1989, y mostró un descenso acumulativo de casi el 10 por 100 en esa década.

En este contexto de crisis económica, América Latina salió del autoritarismo, en muchos casos hacia la democracia. Las coaliciones que se hallaban tras los regímenes burocrático-autoritarios resultaron ser relativamente frágiles. Los industriales locales se sintieron amenazados por las corporaciones multinacionales y el instinto militar de aniquilar toda oposición militante levantó protestas de intelectuales, artistas y representantes del sector medio. Bajo el pcso de la crisis de la deuda, también, algunos dirigentes militares decidieron volver a los cuarteles y dejar que los civiles se hicieran cargo de lo que parecía ser &laqno;un problema insoluble».

También brotó presión desde abajo. Un hecho notable de la política latinoamericana durante los años ochenta fue el surgimiento de la participación civil, cuando los ciudadanos comunes comenzaron a insistir en sus derechos y pidieron cuentas a los gobiernos. En parte fue el resultado de la unión entre las fuerzas de oposición producida por la brutalidad de la represión militar. En segundo lugar, existió un compromiso creciente con el proceso electoral, al clamor el pueblo por elecciones libres y justas. Por último, como consecuencia de todos estos procesos, apareció un nuevo cuadro de presidentes civiles, de clase media y con una buena preparación. Esto se vio claramente en Brasil, Argentina y Chile.

La mayoría de estos regímenes no fueron democracias completas. En muchos países, el ejército seguía manteniendo un poder considerable tras la escena y podía ejercer el veto sobre la política importante. Tras años de represión (incluida la eliminación física) a manos de dictadores militares, en la década de los noventa, la izquierda marxista estaba muy dividida, desmoralizada y desacreditada por el derrumba¦niento del comunismo en la Europa del Este y la Unión Soviética, y en algunos países todavía se le negaba la participación efectiva en política. Los temas clave, como la reforma agraria, no tenían posibilidad de ser considerados con seriedad. Los derechos humanos sufrían violaciones constantes. Y muchas decisiones cruciales, en especial sobre la política económica, se tomaron en las altas esferas y de forma autoritaria.

Hacia inicios de los años noventa, América Latina había comenzado por fin a cosechar los frutos de haber aceptado rigurosas políticas de reforma. Con exclusión de Brasil (que pospuso sus reformas haste 1994), la inflación promedio en toda la región cayó del 130 por 100 en 1989 al 14 por 100 en 1994. Parcialmente en respuesta a ello, los inversores internacionales miraron favorablemente a América Latina. La entrada de fondos privados del extranjero principalmente de Europa, Japón y Estados Unidos aumentó de sólo 13.400 millones de dólares en 1990 a la imponente suma de 57.000 millones en 1994. (En 1993 solamente, los inversores estadounidenses compraron más valores extranjeros en todo el mundo-cerca de 68.000 millones- que durante toda la década de los ochenta.) Y como resultado, el crecimiento promedio en América Latina creció de apenas el 1,5 por 100 en 1985-1990 al respetable nivel del 3,5 por 100 a inicios de los años noventa.

Los problemas no obstante persistieron. La mayoría de esta nueva inversión privada venía en la forma de inversiones de cartera (esto es, compras en bonos o acciones) antes que en inversiones &laqno;directas» (tales como plantas o fábricas). Las inversiones de cartera tienden a ser sumamente móviles y notablemente volátiles, y pueden dejar los países anfitriones casi instantáneamente. De ese modo cuando la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a aumentar sus tipos de interés a comienzos de 1994, los inversores comenzaron a prever mejores ganancias en el mercado estadounidense. Esta expectativa llevó a una caída del 14 por 100 en la entrada de capital a América Latina en 1994. Y cuando México quebró en diciembre de 1994, los inversores extranjeros abandonaron los mercados en toda la región en lo que se llamó el &laqno;efecto tequila». La conclusión es dolorosamente clara: pese a los esfuerzos impresionantes y a menudo valientes por la reforma económica, América Latina todavía era vulnerable a los caprichos del mercado financiero mundial.

Había problemas estructurales también. Uno era la persistencia de la pobreza. Según los patrones internacionales, casi la mitad de la población de América Latina (46 por 100) es considerada &laqno;pobre» a comienzos de los años noventa. Un segundo problema de larga duración era la desigualdad. Desde que en los años cincuenta hubo datos accesibles sobre esta cuestión, América Latina ha exhibido la distribución del ingreso más desigual existente en el mundo mayor que en África, el Sureste asiático y el Oriente Próximo y esta situación estaba empeorando progresivamente. Hacia comienzos de los años noventa, el 10 por 100 más rico de las familias en América Latina recibía el 40 por 100 de la renta total; mientras que el 20 por 100 más pobre recibía menos del 4 por 100. De forma que la equidad social planteaba un desafío muy importante para la región.

Hacia mediados de los años noventa, América Latina presentaba un amplio espectro político (siempre al margen de la Cuba socialista). En un polo estaba lo que se podría llamar &laqno;autoritarismo electoral», que tenía su forma más dura en Guatemala; en el otro, la &laqno;democracia incompleta», muchos casos se situaban entre ambos polos. Después de una larga lucha contra la tiranía, Chile recuperó otra vez su lugar, junto a Costa Rica, como el país más democrático de la región quizá pese a la continuada autonomía de Las fuerzas armadas. Mostrando un grado considerable de apertura política, Argentina y Brasil transfirieron el poder presidencial mediante elecciones libres y limpias. Aunque, debido particularmente a las dictaduras militares, las instituciones políticas (especialmente la justicia, la legislatura y la burocracia, así como los ministerios e institutos gubernamentales) se hallaban muy debilitadas en estos y otros países. Perú afrontó quizá el vacío institucional más extremo en toda la región. A mediados de los años noventa, se planteó una pregunta clave: ¿,Tendrían las frágiles democracias latinoamericanas la fuerza y la competencia para gobernar? ¿,Podrían desarrollar la capacidad institucional necesaria para consolidar las reformas recientes y para combatir los problemas de la pobreza y la desigualdad?

CUADRO 2.1. Modelos de cambio en América Latina

	Desarrollo económico	Cambio social	Resultado político típico
Fase 1 (1880-l900)	Iniciación del crecimiento basado en la exportación- importación	Modernización de la elite, aparición del sector comercial y nuevos profesionales	Democracia oligárquica o dictadura integradora
Fase 2 (1900-1930)	Expansión de la exportación- importación	Aparición de los estratos medios comienzos del proletariado	Democracia cooptada
Fase 3 (1930-principiosde la década importación de 1960)	Industrialización en lugar de importación	Formación de la élite empresarial, fortalecimiento de la clase trabajadora	Populismo o democracia cooptada
Fase 4 (1960-principios de la década de 1980)	Estancamiento del crecimiento basado en la sustitución importaciones; cierto crecimiento basado en la exportación en los años setenta	Agudización del conflicto, a menudo de clases	Régimen burocrático- autoritario
Fase 5 (principios de la década de 1980)	Escasez de divisas (acuciada por la deuda externa) conduce al estancamiento o recesión	Aumento de la movilización de los grupos de clase medios y bajos	Democracia electoral incompleta(con veto militar)

En resumen, la evolución de las sociedades principales de América Latina ha seguido un modelo en el que los desarrollos económico, social y político están vinculados. La adhesión a un modelo general ha variado de un país a otro, pero, con todo, resulta posible discernir las líneas generales de una experiencia histórica común desde finales del siglo XIX. (El cuadro 2.1 presenta un resumen simplificado.) Se debe recordar que este conjunto de modelos se deriva de la historia de las naciones mayores y con más desarrollo económico de América Latina. Algunas de las regiones menos desarrolladas, como Centro américa y Paraguay, han pasado sólo por algunas de estas transformaciones y su trayectoria se ha visto muy afectada por la oportunidad de su inicio. Del mismo modo que los factores globales han condicionado la experiencia histórica de los países mayores, condicionarán el futuro desarrollo de los países menos avanzados. En otras palabras, no hay garantías de que la historia de Argentina o Brasil anuncie el futuro de Honduras y Paraguay, como tampoco de que el conocimiento de la historia estadounidense del siglo XIX nos permita predecir la evolución de Chile o México.

Mujeres y sociedad

Si juzgamos por los criterios convencionales, las mujeres han desempeñado sólo papeles menores en la transformación económica y política de América Latina. Una mirada a los cargos públicos importantes parece confirmar esta impresión. ¿Por qué ha sido así? Para responder, necesitamos examinar la cultura latinoamericana. Una norma central de ésta la constituyen las nociones de machismo, celebración de las expresiones sexuales y sociales de la potencia y virilidad masculinas. Durante siglos, esta idea ha proporcionado precepto y justificación para formas variadas de agresión y dogmatismo, que a su vez se han vinculado a la protección del honor. Parece que el machismo tuvo su origen en las concepciones medievales de la caballería y se adaptó firmemente al cambio social. En todo caso, sigue vigente.

La otra cara de este estereotipo de orientación masculina ha sido, para las mujeres, el culto mariano. Este mito recibe el nombre de la Virgen María y exalta las virtudes asociadas a la feminidad: semidivinidad, superioridad moral y fortaleza espiritual. Porque son las mujeres, según la concepción latinoamericana, las guardianas de la virtud y la propiedad. Se las describe con una capacidad infinita para la humildad y el sacrificio y, como figuras maternas, demuestran una tolerancia inquebrantable hacia las travesuras impulsivas (a menudo infantiles) de los hombres machos. Así , la típica imagen femenina es la de santidad y tristeza, a menudo identificada con los rituales de duelo: una figura melancólica, vestida de negro y tocada con mantilla, arrodillada ante el altar y rezando por la redención de los hombres pecadores de su mundo protegido.
Por supuesto, la realidad no siempre se ha ajustado a las mitologías del machismo y del marianismo. Pero ambos cultos han sido partes integrantes de la sociedad latinoamericana y han sido utilizados y explotados sin cesar por miembros de los dos sexos
El papel social de las mujeres se ha confinado en general a la esfera privada, en particular la familia, donde han reinado. Fundamentalmente entre las clases inferiores han sido, desde los tiempos de la colonia, cabezas de familia, debido al abandono o la muerte del esposo. Y entre la elite de clases superiores, las familias extendidas han sido dominadas con frecuencia por matronas enérgicas, figuras de abuela que mantenían una autoridad incontestable sobre asuntos familiares como el matrimonio, el lugar de residencia y la herencia.
Con el tiempo, los márgenes de la conducta femenina aceptable se han ensanchado mucho. En el siglo XIX, las mujeres de cultura solían ser anfitrionas de tertulias en las que los invitados se enzarzaban en discusiones sobre novelas y literatura. Algunas como Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de Carbonero, de Perú, se convirtieron en escritoras distinguidas (tradición establecida por la monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz). Pero persistieron las restricciones, como denunciaba Mariquita Sánchez, anfitriona de un famoso salón de Buenos Aires, que describía la condición femenina en versos irónicos.
Durante el siglo XX, el proceso de cambio se aceleró. Dentro de los estratos de clase media en especial, las jóvenes dejaron de ir acompañadas a los actos sociales (en parte porque la familia ponía menos en juego en caso de un matrimonio poco conveniente). Las mujeres han entrado en el mercado laboral y se han distinguido como maestras, profesoras, dentistas, médicas e incluso abogadas. En las grandes ciudades metropolitanas su estilo de vida apenas puede distinguirse del de las mujeres que viven en París o Nueva York.
Sin embargo, las mujeres latinoamericanas han entrado muy lentamente en la arena pública (cuando no se les ha prohibido entrar). Como revela el cuadro 2.2, obtuvieron muy tarde el derecho al voto en muchos países, en la mayoría en los años treinta o cuarenta (y hasta 1961 en Paraguay). Los estudios indican que muchas mujeres interpretan este derecho como un deber cívico más que como una inclinación partidista. En muchas ocasiones, parecen haber votado por deferencia a las preferencias de sus esposos.
Fuente: Elsa M. Chaney, Supermadre: Women in Politics in Latin America, University of Texas Press, Austin, 1979, p. 169
Pero no siempre. En 1958, por ejemplo, las mujeres chilenas inclinaron la balanza en favor del candidate presidencial conservador (cuando los hombres habían otorgado la mayoría al oponente radical). Y en 1970, en el mismo país, las mujeres de clases bajas proporcionaron una importante base de apoyo electoral para la izquierda victoriosa. Es necesaria una mayor investigación sobre el tema (era fácil en Chile, donde por ley mujeres y hombres votan en casilIas separadas), pero todo indica que las mujeres están afirmando cada vez más posiciones independientes en las elecciones clave.
También han mostrado su influencia de otros modos. En Argentina, formaron un bloque impresionante en el movimiento peronista de los años cuarenta y cincuenta. Son activas en los rituales de la política mexicana. Han participado en manifestaciones clave: una fue la protesta de las cacerolas contra el gobierno de Salvador Allende en Chile; otra, que comenzó a finales de los años setenta, fue la vigilia semanal de las "madres de la Plaza de Mayo", en busca de información sobre sus familiares y seres queridos que habían "desaparecido" en Argentina. Han tomado parte en los movimientos revolucionarios de México, Cuba y Nicaragua, y asumieron cargos de importancia y liderazgo en muchas organizaciones de base que surgieron en los años ochenta y noventa.
Aun después de décadas de progreso, han conseguido relativamente pocos cargos políticos importantes, entre el 8-10 por 100 de cargos legislativos y ministeriales a mediados de los noventa. La primera mujer presidenta (Isabel Martínez de Perón, 1974-1976) llegó al cargo por la muerte de su esposo. Y cuando han ocupado un puesto, las mujeres latinoamericanas suelen proyectar en sus tareas un claro enfoque femenino. Escuchemos por ejemplo a Evita Perón, quizá la mujer más poderosa en la historia del hemisferio occidental: de este modo, Evita, voluntariosa y con ambición política, atendía los temas del marianismo.
En este gran hogar de la patria, yo soy como cualquier otra mujer en cualquiera de los innumerables hogares de mi pueblo. Igual que todas ellas, pienso en mi esposo y mis hijos ... Es que me siento verdaderamente la madre de mi pueblo.
En el contexto de los constreñimientos (y ventajas) proporcionados por su cultura, las mujeres latinoamericanas no han desarrollado un movimiento feminista importante, aunque se ha iniciado en Brasil y otros países. En la mayoría de ellos, han operado dentro de las categorías socioeconómicas y politicas prevalecientes. Como Elsa M. Chaney predijo en 1979, "las mujeres latinoamericanas probablemente no repetirán los modelos de liberación femenina estadounidense o de Europa Occidental. Tienen su realidad propia ... Cualquier cosa que hagan, las mujeres latinoamericanas decidirán su curso de acción en el contexto de su cultura y aspiraciones".