EL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL "ESTADO OLIGÁRQUICO" EN IBEROAMÉRICA
GABRIELA OSSENBACH SAUTER
Configuración histórica del Estado oligárquico
y su conceptualización
A partir de 1850
aproximadamente empieza a percibirse en Hispanoamérica una paulatina reabsorción de
las contradicciones desencadenadas a partir de la Independencia. Es, "la fase inicial de la
hegemonía oligárquica, es decir, de una clase cuyos orígenes son coloniales,
que basa su poder en el control de los factores productivos y que utiliza
directamente el poder político para aumentar su dominación sobre las restantes
capas sociales". Ya hacia
1880 estos grupos dominantes han consolidado su posición apoyados por los
beneficios del comercio exterior y por la fuerza que han adquirido las
inversiones extranjeras, inglesas sobre todo.
Después de la Independencia en la
mayoría de los países iberoamericanos el nuevo poder político nació casi
exclusivamente del poder militar. La
primera mitad del siglo XIX fue un período de gran inestabilidad y de
desintegración social, geográfica y política. La lucha por la estabilidad fue
por todas partes una lucha entre intereses locales, muchos de ellos
viejos intereses coloniales que lograron imponerse a través del mismo
movimiento de Independencia. Para la consolidación de los Estados nacionales la
mayoría de los países latinoamericanos debió esperar a que en su seno se desarrollaran
y fortalecieran grupos de intereses lo suficientemente amplios, complejos y
emprendedores como para que se convirtieran en factores de unificación nacional
e impusieran esos intereses a los demás grupos sociales; en otros términos, era
indispensable que en cada ámbito nacional el desarrollo económico procurara las
condiciones para la formación de los sistemas nacionales de clases, por lo
menos lo bastante como para dar sustento real a un verdadero sistema político
nacional. Este proceso se llevó a
cabo mediante luchas que fueron delineando los mercados nacionales, así como
los límites territoriales donde se afirmó la legitimidad del nuevo orden
político. En este sentido, la organización de una administración y de un
ejército nacional, no local o caudillesco, fue decisiva para estructurar el
aparato estatal y permitir la transformación de un poder de facto en
una dominación de jure. El fundamento económico de tal
proceso, ya que el componente idealista y nacionalista de la Independencia, insuficiente
para la estabilidad, y constituido por las oportunidades del mercado
internacional, que dio pie a alianzas de intereses en torno a la producción y
circulación de mercancías para la exportación. Estas oportunidades, no
coincidieron en todos los países, debido a que el interés por los diversos
recursos naturales americanos no fue simultáneo en los países importadores
europeos. América Latina permaneció anclada en la exportación de sus productos
agrarios y mineros y en la importación de productos industriales europeos, con
balanza comercial favorable, pero con unas constantes necesidades de capital
para mejorar la explotación, transporte y comercialización de sus productos (bancos, ferrocarriles,
puertos, innovaciones técnicas, etc.). Todas estas innovaciones no se
introdujeron por medio de una autofinanciación de los grupos económicos
nacionales, sino prioritariamente por la inversión directa de capitales
extranjeros o mediante empréstitos contratados por el Estado. Los
capitales nacionales se dirigieron más a la adquisición de tierra y propiedades
urbanas, mientras que la importación de objetos de consumo europeos no
favoreció la creación de industrias autóctonas. Por el contrario, las
élites nacionales adoptaron hábitos de consumo y formas de vida urbana
europeas, que pudieron ser financiadas por la bonanza de las exportaciones. La
coyuntura económica es favorable para los grupos hegemónicos vinculados a la
exportación durante el último cuarto del pasado siglo.
Hacia mediados del siglo XIX el Estado nacional fue considerado por los
sectores dominantes como la única institución capaz de movilizar recursos y
crear condiciones para superar el desorden y el retraso imperantes. Esta
prioridad atribuida a la creación del Estado obligaba, por una parte, a la
mencionada constitución de ejércitos nacionales frente a la influencia de los
caudillos locales, así como a la consolidación de los límites territoriales y,
por otra parte, a la exclusión de las masas populares de las decisiones
políticas. El instrumento jurídico encargado de dar una configuración a esta
organización que se perseguía fue la Constitución. La lucha de intereses y la
indefinición en la formación de los grupos hegemónicos produjo una verdadera
avalancha de Constituciones que debían conseguir el ansiado equilibrio. Además,
se llevó a cabo un gran esfuerzo de codificación en todos los países
latinoamericanos, que se tradujo en nuevos códigos civiles, penales,
comerciales, mineros, etcétera, que representan una innovación substancial, ya
que tras la independencia había continuado estando en vigor el sistema jurídico
de las potencia colonizadoras.
El modelo de Estado que se organiza en América Latina, por los fenómenos
que hemos señalado y a diferencia del Estado liberal-nacional europeo, se
define como "Estado oligárquico", es decir, como una forma de
organización en la cual la sociedad política en este período no transcurrió por
los cauces auténticos de la democracia y se caracterizó más bien por una muy
limitada representatividad política y una reducida base social de apoyo. El
Estado oligárquico fue posible gracias a la interdependencia entre los
propietarios de la tierra y la acción de la burguesía urbana, que mantenía
contactos con el mundo exterior y buscó las posibilidades para la expansión del
comercio internacional. El grupo urbano se fue consolidando y fue creando,
mediante la integración con los grupos rurales, las condiciones para la
estructuración de un efectivo sistema de poder. Las fuentes de este poder
económico de la oligarquía, se basaron en la producción y exportación de productos
primarios. Se trataba de fuentes rurales de poder, pero, el campesinado fue el
elemento social que se mantuvo al margen de la idea nacional y la ciudad la que se erigió en centro y base
del Estado nacional. Este tipo de Estado pudo fortalecerse porque consiguió un
poder de arbitraje frente a las distintas facciones de la oligarquía, mediante
un régimen marcadamente presidencialista. La competencia política tenía más
bien la característica de reflejar la lucha fraccional de los diversos grupos
oligárquicos. Al acuerdo entre estos grupos contribuiría la neutralización de
los conflictos que habían surgido entre la Iglesia y el Estado en las primeras
décadas del período independiente. No obstante, este Estado se erigía sobre
hondos desajustes en la estructura interna de los países latinoamericanos, por
el escaso desarrollo de los mercados nacionales y por la pervivencia y
extensión del latifundio como base de la producción. La ausencia de un proceso
de formación de mercados nacionales contribuyó a que el latifundio ocupara el
centro de la vida económica, y facilitó, por consiguiente, la concentración de
los beneficios originados por la expansión productiva en las manos de las clases
propietarias de las grandes unidades productivas. El Estado oligárquico era más
fácilmente compatible con el modelo económico dependiente que un modelo de
mercados nacionales y desarrollo interno, que hubiese exigido una democratización
más profunda.
Después del largo período de inestabilidad que siguió a la
Independencia, a finales del siglo el Estado oligárquico, que así se consolidaba
centró su atención y sus recursos en el objetivo de "orden", siendo
el objetivo del "progreso" su natural corolario. Por ello, y a pesar
de la reducida base social de participación y apoyo político, los grupos
oligárquicos emprendieron medidas sociales modernizadoras, entre las que se
cuenta el desarrollo y fomento de los sistemas de instrucción pública
nacionales.
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